Aunque los temas principales de la reunión de la Asociación de Alcaldes con la gobernadora Wanda Vázquez Garced giraron alrededor de temas fiscales, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, llevó entre sus reclamos lo que grupos feministas y organizaciones de servicios a víctimas han pedido por meses: que se declare un Estado de Emergencia por la violencia de género en Puerto Rico.
“Yo entiendo que no hay que dilatarlo más, no hay por qué estudiarlo más. Ella fue Procuradora de las Mujeres, tiene pleno conocimiento de la situación”, dijo Cruz a su llegada a Fortaleza
PUBLICIDAD
Alrededor de diez mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas según datos oficiales. Otros casos esperan por la autopsia para definir el móvil del asesinato, aunque se apunta a feminicidio como causa. Otros ni siquiera están incluídos en las estadísticas, como el caso de la niña de 13 años que su “novio” quemó en Cabo Rojo.
Precisamente, sobre el manejo de las muestras como evidencia de abuso sexual, conocidas como SAFE kits (sexual assault forensic evidence), la alcaldesa insistió: “como Procuradora de las Mujeres y como Secretaria de Justicia, ella conoce esa situación”.
MÁS QUE UN PAPEL
Una “declaración de emergencia” por la violencia de género es más que el reconocimiento en papel de que existe una crisis nacional.
Esta expresión suele ir acompañada de medidas concretas para prevenir y atender el problema que se destaca. Países como Costa Rica (2018) y Sierra Leona (2019) ya han declarado “emergencia nacional”, ya sea por feminicidios o por violencia sexual. La provincia argentina de Salta hizo lo mismo en 2014.
La Colectiva Feminista en Construcción sugiere que la declaración en la isla vaya acompañada, entre otras, de las siguientes acciones:
- Campaña de concientización masiva junto con organizaciones
- Currículo escolar con perspectiva de género de la mano de un proyecto de capacitación y sensibilización del magisterio
- División en la Policía enfocada en delitos de agresión sexual y violencia de género, garantizar la eficiencia y organización al procesar los casos, así como terapia a agentes agresores, etcétera
- Investigación sobre violencia obstétrica
- Nombrar a una funcionaria en Corrección que evalúe y fiscalice los programas de desvío
