La procuradora de las mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, anunció el lunes que la Junta Reguladora de los Programas de Reeducación y Adiestramiento para Personas Agresoras (JRPRRPA), ha alcanzado grandes adelantos en los trabajos pendientes con el fin de continuar los trabajos de fiscalización para erradicar la violencia en todas sus manifestaciones.
“Desde que asumí la responsabilidad de dirigir la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), he tenido como visión la fiscalización. Estamos trabajando en múltiples iniciativas para erradicar de una vez la violencia”, afirmó Boria en comunicación escrita.
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La semana pasada, se discutió en reunión ordinaria, el estatus de los cambios enviados por las organizaciones al borrador del reglamento y se trabajó con el informe de inspecciones solicitado de los programas de desvío.
Durante una visita de inspección en 19 centros de desvío, se logró otorgar 7 licencias permanentes. A su vez, se cerraron 2 centros que no cumplían con las regulaciones. De igual manera, se han otorgado 10 licencias provisionales, a los cuales se les dará una prórroga de 30 días para que puedan completar el proceso.
Boria Vizcarrondo, quien fungirá como presidenta de la JRPRRPA, aseveró que “necesitamos enfrentar la violencia de una manera firme, queremos resultados. El que no cumpla, no puede seguir funcionando”.
La JRPRRPA fue activada para regular y darle seguimiento a los programas bajo la Ley para La Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. Está integrada por miembros de algunas agencias gubernamentales como el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Departamento de la Familia, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y la Administración de Servicios de Salud. Además, la integran un psicólogo con experiencia en violencia doméstica, un trabajador social y un abogado.
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“En esta reunión también recibimos los cambios enviados por las organizaciones al reglamento vigente, el cual estamos revisando ya que no se hace desde el 2006. Enviamos cartas el 8 de agosto y ya se venció el término para enviar cambios. El siguiente paso es la participación ciudadana. En OPM, nuestro compromiso es proteger los derechos de mujeres y hombres y enfocarnos en lograr que el agresor tenga todas las herramientas para su rehabilitación”, detalló Boria.
