La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) radicará querellas y emitirá multas administrativas ascendentes a 10 mil dólares en los próximos cinco días contra los Recintos de Río Piedras y Utuado de la Universidad de Puerto Rico, de no cumplir con varios requerimientos de información relacionados a casos de hostigamiento y agresión sexual, trascendió el lunes.
“La OPM tiene la facultad de investigar y fiscalizar a las agencias públicas para garantizar el pleno desarrollo y respeto de los derechos de las mujeres para el ejercicio y disfrute de sus libertades. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de proveer los remedios correctivos que sean necesarios para defender a las víctimas de hostigamiento y agresión sexual. La Universidad de Puerto Rico ha sido incapaz de responder a nuestros requerimientos de información y resulta inverosímil que le de mayor importancia a su reglamento y su confidencialidad, que a la protección de las víctimas”, denunció la procuradora de la Mujer, Lersy Boria en comunicación escrita.
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En el caso del Recinto de Río Piedras, el cual se expone a una multa de 10 mil dólares por cada incumplimiento, Boria explicó que al 6 de agosto la OPM había realizado dos solicitudes formales de requerimiento de información y una informal, las cuáles fueron desafiadas e incumplidas.
“A pesar de la política pública que garantiza la dignidad de la mujer, el rector del Recinto de Río Piedras pretende utilizar un escudo ilegítimo y contradictorio para negarse a producir la información solicitada. El proceso en la OPM goza de la más alta confidencialidad por tratarse de casos de hostigamiento y agresión sexual. Tenemos la obligación legal y reglamentaria de mantener las investigaciones con carácter de confidencialidad, así como los expedientes y la información que obtengamos”, afirmó la procuradora de la Mujer.
Por otro lado, Boria informó que el Recinto de Utuado tampoco ha cumplido con los requerimientos de información de la OPM sobre un caso. La OPM ha realizado tres requerimientos de información y producción de documentos, pero la institución se ha negado a cumplir con sus deberes ministeriales, por lo que también se expone a multas administrativas de 10 mil dólares por cada incumplimiento y una querella.
“Ningún Rector de la UPR debe tener la dificultad moral de brindarle acceso de información a la OPM, más aún, cuando se hace para proteger los derechos de la mujer. No existen impedimentos legales o reglamentarios para que la UPR se niegue a producir la información solicitada, la cual es razonable y pertinente. Su negativa de producir información y documentos solicitados resulta ilícita y en clara contravención con el interés del Gobierno de Puerto Rico”, sostuvo la funcionaria.
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