CIUDAD DE GUATEMALA — Empresaria, ex primera dama y acusada de corrupción, Sandra Torres podría convertirse el domingo en la primera mujer en alcanzar la presidencia de Guatemala, que enfrenta diversos problemas como la pobreza, la desigualdad y la migración.
Los guatemaltecos elegirán en una segunda vuelta a su mandatario para los próximos cuatro años entre la conservadora Torres y el doctor Alejandro Giammattei, del partido de centroderecha Vamos.
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Torres, de 63 años, competirá junto a su candidato a vicepresidente, el ex canciller Carlos Raúl Morales, por el partido que fundó en 2002: la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de tendencia socialdemócrata pero conservador en temas como el aborto y el matrimonio igualitario.
UNE será una de las fuerzas más importantes en el Congreso al haber ganado 52 de los 160 escaños en la primera vuelta electoral.
Torres ha dicho que sus prioridades estarán enfocadas en temas sociales como la educación, la salud, la creación de empleo con programas inclusivos y de reactivación económica y la creación de una comisión nacional contra la corrupción. También ha anticipado su negativa a debatir el matrimonio igualitario y el aborto y sostenido que protegerá a la familia como institución.
La empresaria vinculada al sector textil y de las maquilas estuvo casada con el expresidente Álvaro Colom (2008-2012), de quien está divorciada. En 2011 intentó competir en las elecciones presidenciales pero le fue negada la postulación porque la constitución prohíbe la participación en los comicios de familiares de hasta segundo grado de quien en ese momento ejerza la presidencia.
Una de las acusaciones de sus detractores es que UNE está supuestamente cooptado por estructuras del narcotráfico, especialmente en áreas rurales donde los alcaldes presuntamente financian sus campañas políticas con dinero del narco. Su amistad con Erick Súñiga, el alcalde de Ayutla en el departamento de San Marcos a quien la agencia antidrogas estadounidense (DEA) ha solicitado en extradición por supuesto narcotráfico, ha sido una mácula en su campaña.
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La Fiscalía contra la Impunidad solicitó el retiro de la inmunidad de Torres -de la que goza por ser candidata presidencial- para investigarla por presunto financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita por no haber reportado al ente electoral los fondos recolectados para su partido en 2015. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia rechazó el pedido sin siquiera analizar el caso.
Por el caso se emitió una orden de captura contra Mario Leal Castillo, excandidato a la vicepresidencia de Torres, quién se encuentra prófugo de la justicia.
En contraataque Torres denunció al fiscal que la investigaba por supuesto acoso y logró que una jueza le otorgara medidas de protección para que el investigador no la perturbe a ella ni a su familia.
Torres ha dicho que es inocente de los cargos y que la acusación es política.
