Los abogados entregaron antes del plazo del martes al mediodía sus argumentos para lo que muchos consideran la decisión de mayor importancia jamás considerada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en sus 119 años de historia: ¿Quién será el próximo gobernador de la isla?
Tras la renuncia del gobernador anterior por un escándalo sobre conversaciones en un chat donde vulgarmente a otros funcionarios, los 3.2 millones de habitantes de la isla aguardan la resolución de la crisis constitucional en que el Senado se encuentra enfrentado a Pedro Pierluisi, el experimentado político que juramentó el viernes.
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“No nos queda otro remedio que esperar”, expresó Rita Miranda, administradora de condominios de 60 años de edad. “Estamos en una crisis económica grave, estamos en una crisis social grave, y esto está recrudeciéndolo”.
Los nueve miembros del Tribunal Supremo estaban de receso veraniego cuando decidieron aceptar la demanda entablada el domingo por el Senado, exigiendo un recurso judicial urgente que le impida a Pierluisi seguir ejerciendo como gobernador.
Si el tribunal falla a favor del Senado, la gobernación pasaría a la Secretaria de Justicia Wanda Vázquez, aunque ella ha dicho que no quiere el cargo.
Pierluisi fue nombrado secretario de Estado cuando la Legislatura estaba en receso la semana pasada, y sólo la Cámara de Representantes aprobó su nombramiento.
La demanda también le pide al Tribunal Supremo declarar inconstitucional una ley del 2005 según la cual el secretario de Estado no necesita la aprobación de las dos cámaras si surge la necesidad de que éste asuma la gubernatura. La Constitución, señala la demanda, estipula que el secretario de Estado debe contar con el visto bueno de ambas instancias.
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No queda claro si el Tribunal Supremo convocará a una audiencia para debatir el caso o si simplemente emitirá una opinión por escrito. No hay un plazo fijado para la decisión, aunque varios expertos calculan que será en cuestión de días.
Cualquiera que sea la decisión, será final y no habrá apelación; se requiere de una mayoría de cinco de los nueve jueces para declarar inconstitucional una ley. Seis de los nueve jueces fueron nombrados por gobernadores del partido de Pierluisi, el Partido Nuevo Progresista, y tres por mandatarios del Partido Democrático Popular. El senador que dirige la demanda contra Pierluisi es miembro del PNP.
En un pliego de 14 páginas, abogados de Pierluisi acusan al Senado de contribuir a la inestabilidad política de la isla y señalan que esa instancia tuvo la oportunidad de votar en torno a la nominación de Pierluisi y decidió no hacerlo.
Algunos puertorriqueños se expresaron frustrados por el hecho de que luego de la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, la cuestión de su sucesor sigue sin resolverse.
El senador Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño, presentó el martes una propuesta de ley que permitiría convocar a elecciones cuando renuncia un gobernador, al considerar que ello es un proceso más democrático.
Rosselló renunció oficialmente el 2 de agosto tras dos semanas de manifestaciones contra la corrupción, la mala administración y la participación del gobernador en un chat con otros 11 hombres en que se burlan vulgarmente de mujeres, homosexuales y víctimas del huracán María, entre otros. Más de una veintena de funcionarios renunciaron tras difundirse el chat, entre ellos el ex secretario de Estado Luis Rivera Marín.
Muchos puertorriqueños ya han protestado contra Vázquez, quien tendría que asumir el cargo si Pierluisi es rechazado, y han amenazado con tomar de nuevo las calles si no están satisfechos con la decisión del tribunal.
“Ojalá y que dejen a Pierluisi”, dijo Marta Sánchez, una mujer de 64 años, desempleada. “Se ve que es un hombre serio capaz de sacar el país adelante”.
Manuel Vázquez, un empleado de mantenimiento de 70 años de edad que caminaba leyendo un periódico, se expresó de acuerdo.
“Es capacitado para liderar el país”, expresó Vázquez, aunque aclaró que está bien que el tribunal decida.
Pierluisi es un abogado de 60 años de edad que fue representante de la isla ante el Congreso de Estados Unidos entre el 2009 y el 2017, y perdió ante Rosselló en las primarias para gobernador en el 2016. Fue también secretario de Justicia bajo la administración del padre de Rosselló, Pedro Rosselló.
Los críticos dicen que Pierliusi representa un conflicto de interés. Pierliusi trabajó para la junta que supervisa las finanzas de la isla, y su cuñado es el titular de la junta creada por el Congreso para supervisar la reestructuración de la deuda de más de 70,000 millones de dólares que tiene Puerto Rico.
Aparte de eso, los críticos insisten en que estaría asumiendo la gubernatura sin seguir la ley. Una respetada asociación de abogados ha acusado a Pierluisi de “secuestrar” la Constitución.
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Mario Juan, de 32 años edad, propietario de un camión de alimentos y quien participó en las protestas, dijo que se siente impotente por el hecho de que un tema tan importante está siendo decidido por el Tribunal Supremo.
“El pueblo puertorriqueño participó activamente, ya eso es una victoria, pero esto no tiene un fin que puede satisfacer a nadie”, comentó.
