Corrección tiene ahora facilidad en adquirir vehículos confiscados

La medida fue propuesta también por el sindicato Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico

Por Metro Puerto Rico

El representante por el Distrito #14 de Arecibo y Hatillo, José ‘Memo’ González Mercado, anunció que el pasado gobernador Ricardo Rosselló Neváres, convirtió en ley una medida de su autoría la cual faculta al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) a adquirir, con carácter preferencial, los vehículos confiscados.

“Esta nueva ley permite al Departamento de Corrección y Rehabilitación adquirir con carácter en igualdad de condiciones que el resto de las agencias del orden público, los vehículos confiscados del gobierno central. Esto hace, ahora, posible que se realicen más investigaciones de campo, impactos en áreas sensitivas y mayores operaciones, entre otras cosas”, comentó el legislador.

Se trata del Proyecto de la Cámara 1392, la ahora Ley 108-2019, de la cual también es autor el representante por el Distrito #16 de Isabela, San Sebastián y Las Marías, Félix Lassalle Toro. La medida tiene como coautor al representante Ángel Peña Ramírez.

Según explicó González Mercado, la crisis fiscal por la que atraviesa el gobierno central ha limitado los recursos con los que cuenta, entre otros, el personal asignado al Programa de Servicios con Antelación al Juicio para poder realizar visitas oculares e inspecciones de campo.

Otro ejemplo es el deterioro de los vehículos asignados a la Unidad Especializada de Investigaciones y Arrestos que tiene a su cargo realizar investigaciones con relación al cumplimiento de las condiciones impuestas a las personas bajo la jurisdicción de varios programas de supervisión, arrestar, diligenciar órdenes y notificaciones de los tribunales con relación a los imputados bajo libertad provisional, entre otros.

Del mismo modo, los Técnicos de Investigación requieren utilizar vehículos oficiales para el cumplimiento de su función, toda vez que para la investigación que presentan ante el Juez tienen que hacer investigaciones de campo para conocer las relaciones del imputado con la comunidad y su familia, así como su historial de empleo, recursos económicos, entre otros detalles requeridos por ley.

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