El chat de Telegram, en el que el saliente gobernador Ricardo Rosselló hizo comentarios misóginos, homofóbicos y tomó decisiones de gobierno junto a ciudadanos privados, fue motivo de discusión ayer en el Tribunal Federal en Boston, durante una audiencia liderada por la jueza Judith Dein.
Tras la publicación del chat, que desembocó en la renuncia de Rosselló, el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, por su siglas en inglés), sometió una moción al tribunal con fecha del 17 de julio en la que solicitó acceso a las conversaciones porque en ellas se discutió también el acuerdo de reestructuración de deuda (RSA, en inglés) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el futuro de la corporación pública.
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Ayer la jueza discutió esa petición. Nick Basset, abogado del UCC, insistió durante la vista que “la forma en que estos oficiales decidieron comunicarse no fue a través de correos electrónicos”.
Mientras, la abogada de la Junta de Control Fiscal, Margaret Dale, se opuso a que se vean los mensajes de texto y dijo que los dispositivos eran privados, pues el ente creado por la Ley Promesa no otorga celulares de trabajo a sus miembros. “La Junta no está implicada en ningún tipo de escándalo”, defendió Dale.
La jueza no decidió sobre la moción y tampoco estableció la fecha de la próxima vista de seguimiento.
Piden detengan privatización
Por otro lado, ciudadanos, empleados y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego exigieron se detenga el proceso de privatización de la AEE y toda concesión de contratos por entender que en el chat de Telegram se ventiló información privilegiada sobre la venta de la AEE con personas como Elías Sánchez, quien como cabildero mantiene clientes en el sector de energía.
