Antes de que el doctor Ricardo Rosselló Nevares adviniera al poder, ya se había ocupado de crear la estructura de lo que sería el marco operacional e ideológico de su administración. El origen del diseño se llamó “Plan para Puerto Rico”. Años previos a las elecciones de 2016, se concentró en crear la “inteligencia” que regiría sus acciones como gobernante bajo la certeza de que derrotaría a su adversario en su partido, el licenciado Pedro Pierluisi. Así fue.
Una mirada en retrospectiva nos evoca estilos neofascistas en la elaboración del plan. La historia confirma esta impresión. Vemos como los sucesos recientes demuestran que tras la “transparencia” proclamada por el Gobierno, la verdad permanecía oculta o distorsionada. Para ello fue necesario sostener rígidamente la disciplina, así como el apego total a la cadena de mando. También utilizaron hábilmente los medios de comunicación para generar violencia contra los que definían como enemigos. El gobernador repetía y hacía repetir un libreto, difundido por voz de todos los allegados, de que las ideas de jefe serían asumidas como un dogma incuestionable. La zapata del discurso oficial promovía la exaltación de los valores de virilidad, camaradería y compañerismo de los “hermanos” cercanos e incondicionales del jerarca. La característica más llamativa consistía en simplificar cínicamente el mensaje en claro desprecio de los receptores.
Las artimañas compartidas con sus amigos, padrinos y financieros prevalecieron. Ricardo Rosselló Nevares ganó las primarias, posicionándose como candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en las elecciones pasadas. En la confección del plan intervinieron diversas personas con trasfondos académicos, profesiones, oficios o intereses. Así surge el programa de gobierno que prometió como estandarte TRASPARENCIA GUBERNAMENTAL y CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN. Los que formaron parte de ese esfuerzos serían premiados transformándose en protagonistas de nuestra realidad actual.
Dos años y medio más tarde la verdad salió a flote para desenmascarar al gobernante y al séquito de hipócritas que lo ayudaron a mantener su régimen fascista de gobernanza. Su liderazgo estuvo sostenido en aprovechar demagógicamente los sentimientos de miedo, desamparo, incertidumbre y frustración colectiva del pueblo. Ese sentir de nuestra gente se hizo visible después del paso del devastador huracán María. La vulnerabilidad de la población afloró de manera impactante. El llanto de Puerto Rico conmovió al mundo.
La respuesta del gobernante, asesores, cabilderos, contratistas, publicistas y amigos —EL CORILLO— quedó plasmado en el CHAT. Claro está, el rastro de sus ejecutorias aún están por verse. Tanto los autores de tan viles acciones como los encubridores deben responder ante los foros correspondientes.
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Puerto Rico exige justicia. Nuestra sociedad reclama consecuencias. El alimento más suculento de la corrupción es la impunidad. Eso no puede pasar. No si queremos que estas actuaciones provenientes de funcionarios públicos se repitan jamás. Debe haber voluntad de encausar a aquellos que faltaron a la confianza del pueblo, máxime si son abogados. El Tribunal Supremo está obligado a tomar acción inmediata y activar su jurisdicción disciplinaria sobre los que denigraron la profesión con sus intervenciones en el CHAT , como punto de partida para iniciar una investigación al respecto.
Todos los afectados por las burlas, humillaciones, conspiraciones, amenazas, persecuciones provenientes de ellos deben ser considerados querellantes para fines de asumir su jurisdicción disciplinaria al amparo de los cánones de ética que regulan la profesión. Puerto Rico se querella y respetuosamente solicitamos la intervención del tercer poder constitucional: la Rama Judicial.