En conferencia de prensa, el licenciado Armando Valdés Prieto publicó hoy, martes, una querella presentada ante la Oficina del Fiscal Especial de los Estados Unidos (“OSC por sus siglas en inglés) en contra del secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, por violaciones a la Ley Federal Hatch (“Hatch Act”). Dicha Ley, prohíbe que ciertos funcionarios de gobiernos locales actúen políticamente. “La impunidad ha caracterizado el gobierno de Ricardo Rosselló. Pero, ni el señor Gobernador ni su equipo están por encima de la Ley”, dijo el candidato a la alcaldía de San Juan desde la sede de la Pava.
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El Hatch Act prohíbe que “funcionarios como Llerandi directa, o indirectamente usando coerción, ordenen o aconsejen a un empleado estatal o local, pagar, prestar o contribuir cualquier cosa de valor a un partido, comité, organización, agencia o persona para fines políticos”.
Citando la Ley, Valdés Prieto explicó que ésta aplica a todo funcionario de una agencia estatal que “reciba fondos federales y que como parte del curso normal y anticipable de su empleo, realice tareas relacionadas a actividades financiadas en parte o en su totalidad por esos fondos federales”.
En la fecha en que Llerandi ordenó a los jefes de agencias a levantar dinero para la reelección del Gobernador, este fungía y cobraba salario como jefe de la Companía de Comercio y Exportación, entidad gubernamental que maneja sobre $400,000 en fondos federales según el presupuesto recién aprobado. Los fondos federales provienen del U.S. Small Business Administration y están destinados a programas para fomentar las pequeñas y medianas empresas. Adicionalmente, como Secretario de la Gobernación y jefe del gabinete, Llerandi supervisa los fondos federales que recibe la Oficina del Gobernador. Según el presupuesto vigente, La Fortaleza recibirá sobre $2,000,000 en fondos federales, destinados a programas con énfasis en la niñez y la familia puertorriqueña.
La querella se presentó hoy ante la OSC, una agencia investigativa autónoma con autoridad para investigar querellas por violaciones al Hatch Act de empleados federales y estatales. De encontrar a Llerandi en violación de la Ley, la OSC puede ordenar su despido. De no hacerlo, el gobierno correría el riesgo de perder fondos federales.
“Es claro que las disposiciones del Hatch Act le aplican al Secretario de la Gobernación. Es claro que Llerandi utilizó su poder para fines políticos. Es claro que violó la Ley. Todo el mundo lo sabe. Él único que parece que no los sabe es Ricardo Rosselló.”, concluyó el líder popular.
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