Presidente del PPD dice defenderá el desarrollo del ELA

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) Aníbal José Torres dijo el martes, que defenderá el Estado Libre Asociado (ELA) esto, ante el informe del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes Federal que dice se debe excluir el ELA de cualquier plebiscito futuro.

“Como presidente del Partido Popular Democrático, quiero dejar meridianamente claro lo siguiente: Primero, le corresponde al pueblo estadolibrista y popular determinar los contornos de una propuesta de desarrollo del Estado Libre Asociado que recoja el sentir colectivo de evolucionar nuestra relación política de manera digna y a la altura que exigen los tiempos. Esa propuesta será presentada, en el momento oportuno, ante el Congreso y la Casa Blanca.

Segundo, cualquier legislación local o federal que pretenda eliminar como alternativa de estatus a la opción de autonomía política representada por el desarrollo del Estado Libre Asociado, no tendrá validez ni legitimidad y estará destinada, una vez más, al fracaso. Y lo digo hoy, a dos años del fracasado plebiscito de 2017, cuyos resultados no han sido legitimados por el Congreso o Casa Blanca,  como se les advirtió.

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Tercero, combatiremos en Washington la falsa dicotomía entre “estadidad o independencia” al que nos ha querido llevar el PNP. La práctica constitucional de Estados Unidos ha reconocido, hace décadas, distintos modelos de asociación política. Estoy convencido que el PPD podrá presentarle al pueblo y al gobierno federal una propuesta realista y productiva de asociación política, que satisfaga a todos los sectores ideológicos.

Por último, estoy comprometido como Presidente del PPD a atender el tema de status con la seriedad e importancia que amerita. Le aseguro al pueblo popular que descargaremos esa responsabilidad con el mayor sentido de unidad institucional, de forma que no quede duda de que los populares iremos unidos a derrotar la estadidad”, dijo Torres en declaraciones  escritas.

Para “resolver el futuro estatus político de Puerto Rico” el actual problema territorial del Estado Libre Asociado debe excluirse de cualquier plebiscito futuro. Así se expresó el Subcomité de Comercio, Justicia, Ciencias y agencias relacionadas del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes federal en su informe sobre el proyecto de asignaciones 2020 para agencias bajo su jurisdicción, informó la comisionada residente, Jenniffer González Colón.

“El problema nunca será solución. El actual estado territorial limita las oportunidades para los puertorriqueños y nos condena a vivir en la desigualdad. Hoy el Comité llegó a la misma Conclusión en su informe de recomendaciones. Felicito y agradezco al congresista José Serrano por su liderato y lucha a favor de los boricuas. Él ha sido instrumento para asignaciones y también para la igualdad de la isla. Por eso, desde que llegué al Congreso he buscado su mentoría y trabajado junto a él los asuntos de la isla”, expresó González Colón en comunicación escrita.

La congresista agradeció el trabajo de su colega y presidente del Subcomité de Comercio, Justicia, Ciencias y agencias relacionadas del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes federal, José Serrano.

En la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2014 (Ley Pública 113-76), el Comité asignó fondos para que el Departamento de Justicia ayude a supervisar y administrar un plebiscito para “resolver el futuro estatus político de Puerto Rico”.

El Comité considera que “para lograr este objetivo, el estado territorial del Estado Libre Asociado actual debe excluirse de cualquier plebiscito futuro, ya que fracasa en atender en atender inequidades claves. A pesar de las solicitudes previas de utilizar estos fondos para ayudar a administrar ese plebiscito, el Departamento de Justicia no ha certificado todavía una papeleta de votación que obliguen estos fondos. El Comité cree que el Departamento de Justicia tiene la responsabilidad de atender los problemas de representación democrática e igualdad en Puerto Rico y en los otros territorios de los Estados Unidos, incluyendo cuestiones de estatus político”, dice el informe.

“Por lo tanto, el Comité instruye al Departamento de Justicia para que actúe de manera expedita ante cualquier solicitud de este financiamiento a la Comisión de Elecciones de Puerto Rico y notifique al Comité cualquier solicitud de este financiamiento. El Comité instruye al Departamento a que, dentro de los 45 días posteriores a la aprobación de esta Ley, proporcionar al Comité, así como a la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, un informe sobre las versiones aceptables de los materiales de educación al votante, los formatos de las papeletas de plebiscitos y los materiales relacionados que permitiría al Departamento desembolsar a los fondos para un futuro plebiscito”, se lee en el informe.

Inclusión en las estadísticas

La comisionada residente ha abogado desde su llegada al Congreso por la inclusión de Puerto Rico en estadísticas federales para que podamos recibir asignaciones presupuestarias justas, poder ser incluidos en ciertos programas federales entre otros.

El Subcomité de Comercio, Justicia, Ciencias y agencias relacionadas del Comité de Asignaciones de la Cámara federal en su informe sobre el presupuesto 2020, ordena a la Oficina del Censo que incluya a todos los ciudadanos de los Estados Unidos, incluidos los de Puerto Rico y otras jurisdicciones, en sus estimados de la población residente de los Estados Unidos y otras estadísticas nacionales. Además, solicitaron al Censo un estudio de viabilidad   y su costo de incluir a Puerto Rico en estadísticas adicionales del Censo.

En un esfuerzo por modernizar las estadísticas económicas en Puerto Rico, el Comité estaría ordenando al Departamento de Comercio federal que con continúe sus esfuerzos para ayudar al gobierno de Puerto Rico a modernizar sus programas de estadísticas económicas.

Elogian además que el Buró de Análisis Económico (BEA) iniciara esfuerzos para calcular el PIB para Puerto Rico al igual que lo hace para todas las demás jurisdicciones de los Estados Unidos. El Comité también ordena al Departamento de Comercio a trabajar para la inclusión de todos los territorios de los Estados Unidos, junto con los 50 estados y el Distrito de Columbia, en las estimaciones del PIB a nivel nacional de BEA, que requerirán que los datos del PIB a nivel del territorio cumplan con los estándares de calidad de BEA.

El Comité insta a BEA a que realice encuestas económicas trimestrales para las estadísticas de ingresos personales y de territorios. El Departamento informará al Comité sobre estos esfuerzos, los cuales fueron recomendados por el Grupo de Trabajo del Congreso sobre Crecimiento Económico en Puerto Rico, 90 días después de la promulgación de esta Ley.

Comercio interestatal

Otra de las propuestas de la comisionada incluida en este informe del Subcomité es atender las preocupaciones sobre el requisito de Información de Exportación Electrónica (EEI) al ordenar al Departamento de Comercio a buscar otras alternativas para identificar fuentes de datos alternos que proporcionen estadísticas equivalentes sobre los envíos de bienes entre los territorios y los estados para lograr los mismos objetivos estadísticos, a la vez que reduce el impacto en el comercio, e informe de sus hallazgos y planes de implementación al Comité a más tardar 90 días después de la promulgación de esta Ley.

“Resulta en un contrasentido y en un trato discriminatorio, el que se requiera completar el EEI para las exportaciones hacia y desde Puerto Rico, aún formando parte del mismo sistema aduanero y de seguridad de los Estados Unidos.  No cabe duda alguna de que este requisito trae consigo costos adicionales para el comercio que se realiza con la Isla, además al establecerse un requisito adicional para el comercio con Puerto Rico, esto trae consigo que artículos, bienes y mercancías no estén disponibles para transportase a la Isla”, explicó la comisionada.

Recursos federales para seguridad

En su informe, el Comité expresa preocupaciones sobre los niveles altos de delitos violentos en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, donde las tasas de homicidios son significativamente superiores al promedio nacional, y la mayoría de los delitos violentos están relacionados con el narcotráfico en el Caribe.

El Comité ordena al Secretario de Justicia que dé prioridad a la asignación de recursos y personal para atender estos crímenes violento y entregue un informe no más tarde de 90 días después de la promulgación de esta Ley sobre los esfuerzos actuales o planes del Departamento de Justicia para prevenir, reducir y atender los delitos violentos en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.