El Comité Especial de Reclamaciones (CER) de la Junta de Control Fiscal informó que trabaja en un protocolo para resolver de “modo informal y consensualmente las acciones legales que se han tomado contra varios suplidores del Gobierno de Puerto Rico”.
Según indicaron, el propósito es proveer un proceso que sea eficiente, accesible, expedito y que no requiera altos costos de litigación. El protocolo iniciará el 31 de mayo próximo y se anticipa que la mayoría de las demandas se puedan resolver fuera del tribunal, sin la necesidad de que los suplidores tengan que invertir en asesoría legal, a menos de que deseen que un abogado les represente en el proceso.
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A principios de este mes, el CER -conjuntamente con el Comité Oficial de los Acreedores no Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés)- tomó acción legal contra cerca de 250 suplidores para recobrar pagos otorgados por el Gobierno, la Autoridad de Carreteras y Transportación, así como por el Sistema de Retiro de Empleados, que fueron contrarios a la ley de quiebras en Puerto Rico y EEUU. Las acciones legales no implican, necesariamente, que los suplidores actuaron incorrectamente.
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El proceso para resolver estos casos incluye un periodo de intercambio de información entre las partes para determinar si los pagos fueron correctos. Los asesores financieros del CER, con la asistencia de abogados locales tanto para el CER o para el UCC, revisarán la información para determinar si los pagos se justifican.
Si el intercambio de información revela que las bases para el pago fueron correctas, las demandas pudieran ser retiradas. Pero si la información no es suficiente ni justificable para retirar la acción legal, o no se llega a un acuerdo mutuo, el proceso contemplará un mecanismo alterno para atender la disputa o proceder con la litigación.
A los suplidores se les proveerá información relacionada con las reclamaciones y se les requerirá información sobre contratos, facturas y órdenes de compras, entre otros documentos.
Además, los suplidores tendrán acceso a una página web con información relevante, avisos e información de contacto de los abogados locales que atienden el caso. Los asesores financieros del CER mantendrán una base de datos para darle seguimiento a la información y los documentos recibidos. Un abogado del CER y del UCC en Puerto Rico serán los contactos primarios para los suplidores en aras de hacer el proceso accesible a todos.
Asimismo, el CER y el UCC favorecerían una suspensión de las acciones legales para permitir el intercambio de información y tratar de resolver las acciones por acuerdo mutuo.
