El secretario de Salud, doctor Rafael Rodríguez Mercado, anunció el lunes, que en su más reciente visita a la ciudad de Washington D.C., se reunió con altos oficiales de Salud Federal (HHS) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), para que se le otorgue a la población con discapacidad intelectual y/o autismo todos los beneficios del Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), bajo una exención, mientras se logra una otorgación permanente para todos los ciudadanos.
“Durante mi visita a la capital federal, a principio de este mes, sostuve reuniones con oficiales de las agencias federales con funciones en los servicios salud, para abogar para que a las personas con discapacidad intelectual en Puerto Rico se les extiendan los beneficios del Seguro Social Suplementario (SSI). Esto les permitiría contar con recursos para el cuidado de su salud, terapias y desarrollo ocupacional, que son fundamentales para mejorar su calidad de vida.”, expresó Rodríguez Mercado en comunicación escrita.
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Mencionó que en Puerto Rico hay cerca de 36,000 personas con discapacidad intelectual. El programa de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud atienden a 647 personas pertenecientes a esta población.
“Le damos la bienvenida a la Resolución Concurrente de la Cámara 95, de la autoría de los representantes José Aponte Hernández y Néstor Alonso Vega, para solicitar al Congreso Federal que legisle para dar igual trato a los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico, con respecto al derecho a recibir el Seguro Social suplementario (SSI)”, lo que incluiría a las personas con discapacidad intelectual. Tenemos que seguir abogando, en todos los frentes, para que el SSI sea una realidad en Puerto Rico y nuestros ciudadanos obtengan los mismos beneficios que los ciudadanos en los demás estados.
“Entre tanto, es nuestro interés que las personas con discapacidad intelectual puedan recibir el SSI con la mayor premura para mitigar sus necesidades y la de su entorno familiar”, agregó el titular del Departamento de Salud.
“La discapacidad intelectual afecta las circunstancias de vida de la persona que la tiene, así como a su entorno familiar y social. La familia desempeña un rol fundamental en la inclusión de estas personas a la estructura social, lo que implica su continuo apoyo ante las desventajas y desigualdades que encara con respecto al resto de la población”, añadió.
Reducir esta desigualdad requiere, explicó entre otros aspectos, contar con los recursos económicos que, en muchos casos, la familia no posee. Sobre todo, para satisfacer las necesidades básicas de cuidado de salud, alimentación, vestimenta y vivienda del miembro de la familia con discapacidad intelectual.
“Los beneficios del SSI constituirán un ingreso económico, cobertura médica y otros beneficios que permitirán mejorar estas carencias. Igualmente, contribuirán a la consecución de la actual política pública, dirigidas a lograr el desarrollo pleno de esta población y a que puedan competir socialmente en forma activa y constructiva como esperan y se merecen”, destacó el titular del Departamento de Salud.
