CARACAS — El Comité Internacional de la Cruz Roja recuperó el acceso a las cárceles de Venezuela, incluidas instalaciones muy vigiladas donde hay decenas de personas consideradas presos políticos, en lo que parece un intento del gobierno de Nicolás Maduro por contener las crecientes críticas al estado de los derechos humanos en el país.
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La autorización de visitas a prisiones militares, que antes no había trascendido, fue confirmada a The Associated Press por un abogado especializado en temas de derechos humanos y por familiares de los presos.
El presidente del Comité (CICR) Peter Maurer se encuentra de visita por cinco días en Venezuela, donde la organización con sede en Ginebra es una de unas pocas agrupaciones internacionales que tratan de entregar ayuda humanitaria y asistencia técnica por encima de las divisiones políticas que han contribuido a la profundización de la crisis.
El CICR visita todos los años cárceles de más de 100 países siguiendo un protocolo que le permite verificar las condiciones de los penales y hablar en privado con los reos, que tienen así la oportunidad de plantear quejas y de enviar mensajes a sus seres queridos.
Pero no había tenido acceso a las cárceles de Venezuela al menos desde el 2012.
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Las visitas a las cárceles de Venezuela se reanudaron el 11 de marzo, en que una delegación de la Cruz Roja visitó un penal modelo de Caracas, el Centro de Formación del Hombre Nuevo Simón Bolívar, donde hay 87 extranjeros presos.
Más significativa, no obstante, fue la visita dos semanas después a la cárcel de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, manejada por los militares y donde hay 69 personas que la oposición considera presos políticos.
Sandra Hernández, cuyo esposo, el sargento Luis Figueroa, está preso en Ramo Verde desde enero por encabezar un levantamiento militar contra Maduro, estuvo presente la semana pasada cuando un vehículo blanco con el logo del CICR llegó a la entrada del penal.
Ella estaba allí, realizando su visita semanal y entregando alimentos _pasta, arroz y queso_ que cada día le es más difícil conseguir ya que fue despedida de su trabajo como maestra, en el que ganaba siete dólares al mes. Dice que el despido fue en represalia por las actividades políticas de su esposo.
Afirma que, a no ser por las remesas que recibe de un familiar en España, su marido sufriría de hambre dado que las raciones del penal son exiguas. Si bien se le dijo que su marido no estaba entre el pequeño grupo de reos que serían autorizados a hablar con la gente del CICR, esperaba que la visita mejorase las condiciones de todos los presos, muchos de los cuales carecen de atención médica y dicen haber sido torturados, según ella. La AP no pudo corroborar en forma independiente esas afirmaciones.
“Es súper importante que la comisión constate presencialmente, haciendo interacción con los reclusos, para que tengan conocimiento real de la situación que ahí se presenta”, afirmó.
El CICR se abstuvo de hacer comentarios y ha hablado muy poco de las visitas a los penales. Solo dijo en un tuit que había comenzado a visitar las cárceles bajo el auspicio de funcionarios penitenciarios civiles. No mencionó las visitas a los penales manejados por los militares. La organización habitualmente evita describir estas visitas, excepto en “diálogos confidenciales” con funcionarios.
Mientras tanto, la ministra del servicio penitenciario, Iris Varela, dijo que las visitas a la instalación civil y otras por venir son parte de un esfuerzo por compartir con el mundo la experiencia positiva de Venezuela en la rehabilitación de reclusos.
Ninguna de las partes reveló que el CICR había conseguido también acceso a centros de detención militares.
La mayoría de los reclusos alojados en Ramo Verde son personal militar acusado de complotar contra Maduro. También hay muchos reos, incluidos cinco ejecutivos de la industria petrolera con pasaportes estadounidenses, retenidos en celdas del subsuelo de los cuarteles del servicio de contrainteligencia militar en la capital.
“Este es un primer paso importante, pero no nos confundamos, es también un esfuerzo de Maduro por ganar legitimidad ante la comunidad internacional”, declaró Alfredo Romero, abogado de derechos humanos que se enteró de las visitas de la gente del CICR al acudir a citas con clientes en Ramo Verde. “No va a alterar la disponibilidad del gobierno a mejorar las condiciones”.
Un alto funcionario del gobierno restó importancia a las visitas del CICR, diciendo que eran parte de un esfuerzo por colaborar con organismos internacionales, incluido el Programa Alimenticio Mundial y la Organización Panamericana de la Salud. El funcionario habló a condición de no ser identificado porque no estaba autorizado a tocar estos temas en público.
Una organización hermana de la CICR, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, dijo hace poco que había sido autorizada a entregar ayuda a unas 650.000 personas en el país a partir de este mes. Maduro niega que haya una crisis humanitaria y cree que los ofrecimientos de ayuda son un “caballo de Troya” que despejaría el camino para una intervención militar extranjera.
El líder opositor Juan Guaidó, que es reconocido como presidente legítimo de Venezuela por una cincuentena de países, ha tratado de controlar la distribución de ayuda estadounidense en un esfuerzo por debilitar el poder de Maduro.
En otro esfuerzo por combatir las críticas, Maduro recibió el mes pasado una delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a cuyo ingreso se había opuesto hasta entonces por considerar que comprometía la soberanía de Venezuela.
