La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) aseguró hoy que hasta el momento no han recibido una consulta oficial de parte del secretario de la gobernación, Ricardo Llerandi, sobre un posible conflicto con el contrato de Julia Keleher con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).
Esta mañana el funcionario de Fortaleza indicó que solicitará una consulta a la OEG para que aclare las funciones de la exsecretaria de Educación con la agencia fiscal.
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“Dado a posibles conflictos con la Ley de Ética Gubernamental voy a estar solicitando durante el día de hoy a la Oficina de Ética Gubernamental que se nos aclaren los servicios que Keleher, bajo el contrato que tiene con Aafaf, pueda brindar para salvaguardar cualquier apariencia, dado que hay disposiciones en la Ley de Ética Gubernamental que básicamente impiden que un servidor público luego de haber ocupado un cargo, vaya a orientar, a ser consultor o asesor de ese mismo tema en otra dependencia”, dijo Llerandi en entrevista radial (WKAQ).
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Mientras que la oficina de prensa de la OEG se limitó a responder que en estos momentos no han recibido una consulta oficial de parte de Llerandi y que es “demasiado prematuro dar una expresión categórica porque no sabemos y desconocemos a los fines de qué va a ser la consulta”.
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Keleher renunció el pasado lunes a su cargo como secretaria de Educación y mantendrá un contrato con la Aafaf como asesora de gerencia de proyectos en áreas de iniciativa social. El director ejecutivo de la agencia, Christian Sobrino, además indicó ayer que Keleher devengará el mismo sueldo de $250,000.
“Ella no se le acomodó con un contrato. El mismo contrato con el que fungía como secretaria de Educación, que era a través de Aafaf es el mismo contrato que está vigente hasta el 30 de junio de 2019. No es un contrato nuevo que surgió luego de ella salir de la secretaría”, agregó Llerandi.
El artículo 4.6 de la Ley de Ética Gubernamental establece que “un ex servidor público no puede ofrecer información, intervenir, cooperar, asesorar en forma alguna o representar en cualquier capacidad, directa o indirectamente, a una persona privada, negocio o entidad pública, sobre aquellas acciones oficiales o asuntos en los que intervino mientras trabajó como servidor público”.
