La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez informó el jueves, que la jueza federal, Camille Vélez Rivé autorizó una denuncia penal contra Ángel Gabriel Díaz Rosado, que lo acusa de intento de producción de pornografía infantil, coacción y persuasión de menores de edad, y la transferencia de material obsceno a un menor de edad, en violación del Título 18, Código de Estados Unidos, secciones 2251 (a); 2422 (b); y 1470.
“El acusado, que fue confiado por los padres y la escuela donde los niños jugaban al baloncesto para él, violó su confianza por la comisión de estos actos terribles”, dijo Rodríguez Vélez en comunicación escrita.
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“Como demuestra este caso, vamos a apuntar agresivamente a los que se aprovechan de nuestros hijos. Animamos a otras posibles víctimas a presentarse si este acusado o cualquier otro adulto está participando en este tipo de comportamiento criminal. No deben permanecer en silencio. Ayúdenos a ayudarle”, añadió.
Explicó que agentes del ICE-HSI de la Unidad de Explotación Infantil detuvieron a Díaz Rosado en Bayamón.
De acuerdo con la información contenida en la denuncia penal, el lunes 18 de marzo de 2019, la madre de un varón, menor de edad, fue a las oficinas del ICE-HSI San Patricio donde alegó que, el 13 de marzo de 2019, había descubierto múltiples mensajes de texto, mensajes de voz e imágenes pornográficos compartidos entre su hijo y Díaz Rosado. Los mensajes se transmitieron a través de Internet, mediante la aplicación de teléfono WhatsApp.
“HSI no tolerará la explotación de los miembros más vulnerables de nuestra sociedad, y seguirá trabajando con nuestros socios en el PRCACTF para investigar a los que explotan a nuestros hijos y les priva de su inocencia”, dijo Iván Arvelo, agente especial cargo de HSI San Juan.
“Este caso es particularmente alarmante como el acusado estaba en una posición de confianza con el acceso a los menores. No se equivoquen, HSI continuará investigando y detener a aquellos que explotan a nuestros hijos, especialmente aquellos que traicionan la confianza depositada en ellos por la comisión de estos actos despreciables”, añadió.
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“La misión de nuestro departamento es clara y no vamos a permitir que la seguridad de nuestras poblaciones más vulnerables a ser amenazada. Vamos a seguir trabajando para garantizar el bienestar de las víctimas y sus familias en este caso. Puerto Rico puede estar seguro de que vamos a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para ayudarlos a recuperar el control de sus vidas a pesar de esta dura prueba. Agradecemos a todos los componentes que forman parte de esta investigación, que tuvo una rápida respuesta a la recomendación de nuestro departamento, lo que confirma que juntos somos más fuertes“, dijo la secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar Matos.
La asistente especial del fiscal federal, Cristina Caraballo y el subjefe de la inmigración, delitos cibernéticos, y la Unidad de Explotación Infantil, Nicholas Cannon, están a cargo del procesamiento del caso.
Si es declarado culpable, Díaz Rosado se enfrenta a una pena de prisión mínima de quince años y hasta la vida, un plazo mínimo de libertad supervisada de hasta cinco años a la vida, y una multa de hasta 250,000 dólares.
