El gobernador Ricardo Rosselló Nevares no dudará en utilizar “vías administrativas” para prohibir las terapias de conversión que buscan modificar la orientación sexual de las personas.
Así lo afirmó ayer en conferencia de prensa, en la que recordó a los representantes de mayoría que la propuesta es un compromiso programático del Partido Nuevo Progresista. Un día antes, el caucus novoprogresista de la Cámara de Representantes votó de forma unánime para que la Comisión de lo Jurídico, presidida por María Milagros Charbonier, rindiera un informe negativo sobre la medida de la autoría de la senadora Zoé Laboy.
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“Las órdenes ejecutivas pueden prohibir algo, pero no pueden establecer delito”, reaccionó Charbonier en entrevista con Metro. También pidió al gobernador que mire el informe y “vea que lo que estamos hablando también son cosas científicas”.
Respetando la confidencialidad del caucus, la representante no divulgó las preocupaciones que hicieron en la reunión con Laboy, y responsabilizó a la senadora por le negativa, ya que “ella sabía que eso podía pasar” de llevarlo al caucus porque no contaba con los votos.
“Yo le pedí públicamente: ‘Deja que la Comisión de lo Jurídico haga su trabajo y descargue su responsabilidad’”, agregó.
“Cuando termina el caucus, alguien levanta la mano y plantea una moción para que se votara allí. Y tuvimos que votar”, dijo. Fuentes de este medio aseguraron que fue la misma Charbonier quien dirigió la reunión.
“Tengo que hacer lo que el caucus ha dicho”, dijo sin dar más detalles, aunque sí dio pistas de lo que contendrá el informe: entre otras cosas, que la medida no se justifica en términos de la práctica de profesionales de la conducta porque la homosexualidad ya no está reconocida como enfermedad.
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“Yo estoy en contra de cualquier terapia de esa naturaleza, y los compañeros también lo están”, dijo citando herramientas como electroshock para “corregir” la orientación sexual. Pero separó de ellas la “consulta espiritual”. “Si lo está buscando una persona de manera voluntaria, eso no debe estar penalizado”, argumentó la representante.
En cuanto a obligar a un menor a someterse a estas prácticas, Charbonier defendió que la Ley 246 (Maltrato de Menores) ya condena daños emocionales. Pero “cuando tú vas a la definición de daño emocional, establece que ese daño tú tienes que hacerlo de acuerdo con el entorno cultural del menor. Y lo dice la ley, no yo”, agregó.
Este medio cuestionó si esa relatividad exime al Estado de intervenir en casos que pongan en riesgo el bienestar del menor, a lo que Charbonier contestó: “No lo exime, puede entrar, pero tiene que buscar razonabilidad en ello, porque tienes que respetar la fe que profesan sus padres”.
