La directora de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko le dio la bienvenida el lunes a la decisión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Estados Unidos que el pasado viernes desestimó una demanda de la Legislatura.
El cuerpo legislativo reclamaba que la JCF excedió sus poderes en el desarrollo y certificación del Plan Fiscal y el Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2019.
“La Junta continúa operando bajo su mandato legal y dentro de su autoridad fiscal, a pesar de las acusaciones incorrectas con respecto a los supuestos excesos de poderes”, dijo Jaresko en declaraciones escritas.
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Detalló que la Ley PROMESA “concede a la Junta de Control Fiscal la autoridad exclusiva de certificar planes fiscales y presupuestos territoriales para Puerto Rico”, según la decisión del Primer Circuito. “Cuando la Junta de Control certificó el Plan Fiscal y el Presupuesto para el 2019, ejerció la autoridad que le concede PROMESA”, agrega.
“Estamos determinados a ejercer nuestra parte para ayudar a que Puerto Rico se recuperede su crisis fiscal y que pueda establecer las bases para un desarrollo económico sostenible que mejore la calidad de todos los puertorriqueños. Esperamos que la decisión del Tribunal ponga final a litigaciones innecesarias y motive a todas las ramas del gobierno a enfocarse en los objetivos de PROMESA, en cuanto a responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital”, agregó la funcionaria.
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El Primer Circuito estableció que “PROMESA autoriza a la Junta a adoptar planes y presupuestos fiscales, que incentiven a la Asamblea Legislativa a promulgar las políticas y contabilidad recomendadas por la Junta y dar cuenta de las respuestas de la Asamblea Legislativa a esas políticas recomendadas”.
“Ciertamente, es difícil ver cómo, sin tales poderes, la Junta podría ser efectiva”, declaró el Tribunal.