La Cámara de Representantes aprobó el lunes, una medida de la autoría del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez y los representantes José “Memo” González y Víctor Parés-Otero, que ordena investigar el uso de generadores eléctricos y combustible provisto por el ‘Federal Emergency Management Agency (FEMA)’ o el ‘United States Corps of Engenieers (USACE)’ por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para generar energía, así como la fórmula utilizada para facturar a los abonados por la misma.
La Resolución de la Cámara 1219 pretende inquirir sobre el hecho de que, para junio de 2018, aproximadamente 248 instalaciones de la AEE operaban con generadores eléctricos tras el impacto del huracán María en septiembre de 2017, considerada una de las peores catástrofes que ha sufrido la Isla en su historia.
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A esos efectos, adjudicaron que la AEE está impedida de facturar a sus abonados por costos de generación que no tiene. Según la exposición de motivos, “entendemos que la infraestructura de la AEE es la que se está utilizando para la transmisión de energía por lo que resulta razonable facturar por dicho concepto. Sin embargo, existen costos asociados con la generación que están siendo cubiertos por FEMA y el USACE. Por lo tanto, entendemos que la AEE está impedida de facturar a sus abonados por costos de generación que no tiene”.
Del mismo modo, se dio luz verde a la Resolución de la Cámara 1043, sometida por Méndez Núñez y los representantes José Aponte Hernández y Joel Franqui Atiles, que ordena investigar el cumplimiento de la RC 195 – 2012 que ordenó la creación de un “Consorcio para la Protección de Bahía Puerto Mosquito de Vieques”.
Ante esta situación, la Asamblea Legislativa aprobó con anterioridad la RC 195-2012 que ordenó a la Junta de Planificación de Puerto Rico, a la Oficina de Gerencia de Permisos, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, a la Autoridad de Energía Eléctrica, a la Administración de Asuntos Energéticos, a la Junta de Calidad Ambiental y al Municipio Autónomo de Vieques que lleven a cabo un proceso de planificación y determinación de usos de suelos en los alrededores de la Bahía.
Destacan que las recomendaciones propuestas por el Consorcio deben ser atendidas en la Revisión Integral al Plan Territorial de Vieques o a través de un Plan de Área y debe tener listo y poner en vigor los reglamentos u ordenanzas aplicables, por lo que amerita protección, conservación y administración adecuada.
Al mismo tiempo, se consideró la R. de la C. 1083, del representante José “Memo” González Mercado, para investigar los planes de contingencia del Gobierno de Puerto Rico o los operadores de los puertos y aeropuertos ante posibles emergencias que pueda ocurrir en Puerto Rico, con el fin de no repetir las largas esperas en los muelles y aeropuertos, así como de vagones detenidos por meses en un proceso que pocos entendían, como ocurrido tras el huracán María.
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A su vez, se favoreció la R. de la C. 659, para realizar un estudio en torno a los parámetros utilizados por el Negociado de Normas de Trabajo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para llevar a cabo inspecciones y resolver reclamaciones, a los fines de constatar y asegurar que los mismos se lleven a cabo conforme a las leyes y reglamentos aplicables.
Asimismo, se avaló la R. de la C. 710, para realizar un estudio sobre el estado de las carreteras y los puentes del Distrito Número 6, el cual comprende a los municipios de Bayamón, Cataño y Guaynabo y la R. de la C. 1155, para investigar las condiciones en que se encuentran las carreteras municipales que transcurren por el Barrio Ingenio del municipio de Toa Baja, e identificar fondos para la realización de las mejoras necesarias.
También, fue avalada la R. de la C. 718, que persigue constatar el cumplimiento adecuado por parte de las agencias gubernamentales correspondientes a la “Ley para el Bienestar, Integración y Desarrollo de las personas con Autismo”, con el propósito de asegurar la debida implantación de la política pública promulgada al amparo de la mencionada Ley; la R. de la C. 1057, para investigar el problema del desbordamiento de aguas en la Calle Perseo de la Urbanización Altamira causada por los tres cuerpos de agua que se unen en este lugar; y la R. de la C. 1122, para inquirir sobre el estado de situación de los museos y edificaciones bajo la jurisdicción del Instituto de Cultura Puertorriqueña, incluyendo, pero no limitándose al aspecto operacional, administrativo y de infraestructura de los mismos.
Al mismo tiempo, se endosaron dos medidas que autorizan la transferencia de dos escuelas públicas. La Resolución Conjunta de la Cámara 59, que ordena la transferencia libre de costo de la titularidad de la antigua Escuela William Rivera Ponce en Bayamón a la ‘National Talent Academy’ y la Resolución Conjunta de la Cámara 338, que ordena la transferencia libre de costo la titularidad del anexo de la Escuela Superior Central al Fideicomiso de Ballets de San Juan.
También, se dio por recibido el Informe Final de la R. de la C. 728 presentado por la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios y Comercio que preside Nelson del Valle Colón, para investigar la falta de recogido de neumáticos, según requerido mediante la “Ley para el Manejo Adecuado de Neumáticos de Puerto Rico”.
Se concluyó que el P. de la C. 1890, que establece la “Ley para el Control Eficiente de la Disposición Final de Neumáticos Desechados de Puerto Rico”, mediante la cual se redefinen las responsabilidades del Gobierno de Puerto Rico en lo que respecta a la administración, manejo, regulación y fiscalización de los neumáticos desechados, va en la dirección correcta para manejar de forma eficiente e inteligente lo que son los neumáticos desechados en Puerto Rico, por lo que da por terminada esta investigación.
Fue aceptado, además, el Informe Final de dicha Comisión referente a la R. de la C. 318, que evaluó los procesos de contratación y cumplimiento entre las compañías de telefonía móvil y los agentes de ventas independientes, a fin de evaluar su efectividad, y realizar las recomendaciones necesarias.
“Analizados los comentarios vertidos por las entidades que nos remitieron los mismos, debemos concluir que las situaciones esbozadas por el proponente de esta Resolución se encuentran ampliamente reguladas por el sistema de derecho que impera en Puerto Rico. Ninguna información se nos hizo llegar que apuntara a alguna situación irregular o que fuera contraria a alguna Ley o reglamento”, afirma en el documento el representante Del Valle Colón.
El pleno cameral respaldó a su vez, el Primer Informe Parcial de la R. de la C. 69, sometido por la Comisión de Desarrollo de la Región Noreste, que preside el representante Ángel Bulerín Ramos, que indagó las razones por las cuales el proyecto de adquisición e instalación de tubería para agua potable y otras mejoras relacionadas en el Camino Castro Castresana, Sector Las Yayas, carretera PR-907, Km.1, Barrio Lomas del Municipio de Canóvanas, permanece detenido tras varios años de haberse iniciado dicho proyecto.
“A través de vistas oculares y un examen de rigor, se concluyó que dichos trabajos fueron realizados conforme a las exigencias de la AAA”, sostiene en el escrito Bulerín Ramos.
Mientras, que la Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad, que preside el representante Rafael “June” Rivera Ortega, también rindió un Primer Informe Parcial en torno a la R. de la C. 245, que investigó la implantación de la “Ley para el Acceso a los Servicios Esenciales de las Personas con Impedimentos Significativos, Mayores de 21 años, de Puerto Rico”.
Según destaca el representante Rivera Ortega, “analizados los comentarios vertidos por la Defensoría de las Personas con Impedimentos, la Administración de Rehabilitación Vocacional, el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo, la Oficina del Procurador del Paciente y el Departamento de la Familia, podemos fácilmente concluir en esta etapa de la investigación que la Ley aparente estar inoperante”.
La Cámara recesó sus trabajos hasta el próximo lunes, 4 de febrero de 2019 a la 1:00 de la tarde.
