En una carta enviada al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez, respectivamente, la Junta de Control Fiscal (JCF) le recomendó al Gobierno de Puerto Rico realizar cambios operacionales a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
Al reconocer que la CEE es “esencial para reforzar la democracia”, el ente federal presentó entre sus recomendaciones ajustar las operaciones de esta oficina para que fluctúen según el ciclo electoral y reestructurar su organización para que sea más eficiente.
“Las elecciones se celebran cada cuatro años. La CEE debe ser más activa en el año previo a una elección, pero puede y debe reducir significativamente sus operaciones en los tres años restantes de un ciclo electoral” expresó el presidente de la Junta, José Carrión.
Además, el grupo federal criticó la burocracia dentro de la oficina gubernamental y el costo de su estructura “con un presidente, tres vicepresidentes, un comisionado electoral por partido, comisionados alternos, una secretaria, subsecretaria, personal y más de 85 juntas locales de registro en toda la isla, cada una de las cuales incurre en gastos de personal y administrativos”.
Los comisionados electorales María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y Miguel Ríos, del Partido Popular Democrático (PPD), criticaron las exhortaciones de la JCF.
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Para la comisionada del PIP esta propuesta de la Junta responde a un razonamiento “administrativamente insensato”, ya que asegura que en “la Comisión se trabaja continuamente” y “hay proyectos que están corriendo todo el tiempo, por no hablar de la posibilidad de la celebración de eventos electorales especiales”.
La también exsenadora aseguró que esto haría desaparecer a la agencia que se encarga de “velar por la voluntad democrática de los puertorriqueños”.
Por su parte, el representante del PPD en la CEE calificó la idea como un “atentado directo contra nuestra democracia”. Además, Ríos aseguró que esto limitaría los derechos de las minorías al no tener disponible el aparato electoral.
Sobre las Juntas de Inscripción Permanente, Ríos indicó que si se cerraran, muchas personas se quedarían sin recibir servicios que se ofrecen de otras agencias, asegurando que la carta enviada por la Junta está “hecha a la medida de las intenciones del gobernador Ricardo Rosselló” para reducir el presupuesto y la labor que realiza la CEE.
Por su parte, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos, reconociendo que “hay mucho espacio para mejorar” en el interior de la CEE, aseguró que ha ofrecido recomendaciones a pasados presidentes, en funciones o interinamente, para mejorar la estructura de la oficina, pero “se les hace muy difícil. Burgos, en sus declaraciones escritas a Metro expresó que continuará recomendando al presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila Rivera, acciones afirmativas, implantando tecnología, estableciendo prioridades y descartando la redundancia.
Cambios en la CEE le corresponden al Gobierno de Puerto Rico
Dávila Rivera, presidente de la oficina que se encarga de vigilar los procesos electorales en Puerto Rico, reaccionó a las recomendaciones de la Junta indicando que, en un tiempo no muy lejano, se comenzará una discusión de una reforma electoral. Al mismo tiempo, el funcionario expresó, en declaraciones escritas, que “corresponde al señor gobernador, a la Asamblea Legislativa, a los partidos políticos y a este servidor sentarse en la mesa y reflexionar sobre el futuro de la CEE”.
Además, el presidente aseguró que los cambios ya han comenzado con la mudanza de 35 Juntas de Inscripción Permanente a locales públicos, lo que representa un ahorro millonario a largo plazo.
Según datos ofrecidos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto a la JCF, la CEE tiene aproximadamente 700 empleados.
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