El secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas, anunció que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares no firmó el Proyecto de la Cámara 1484 que buscaba crear la nueva Ley de Educación Especial.
Esta determinación se da luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) indicara que la medida requiere de fondos adicionales no presupuestados, lo que la hace incompatible con el Plan Fiscal.
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El Secretario informó que, tras la determinación de la JSF, el Primer Ejecutivo se vio imposibilitado de impartir su firma en la medida. Conforme a la Ley federal para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), la JSF tiene la facultad para determinar que una ley es inconsistente con el Plan Fiscal y tiene la potestad de dejarla sin efecto.
“Como parte del análisis, el Gobernador solicitó al Departamento de Educación que revisara los números de impacto fiscal que pudiera tener la medida. Aun así, la cifra se mantuvo en los $90 millones anuales, lo que imposibilitó la firma de la medida”, expresó Maceira Zayas.
En primer lugar, la medida ordena una evaluación inicial para todo menor discapacitado efectuada por personal capacitado en todas las escuelas. El costo por la capacitación de este personal y por las evaluaciones es de sobre $9 millones anuales.
De igual forma, la medida crea oficinas regionales de Educación Especial que tendrán un impacto de sobre $1.5 millones. También ordena un campamento de verano que tiene un impacto de $3.7 millones.
Por último, y el impacto mayor de la medida, son los referidos de terapia a remedio provisional, luego de transcurridos 60 días de la solicitud de servicios. El acortar los términos para evaluación de los servicios tiene un impacto fiscal de sobre $72 millones.
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“El Gobernador está totalmente comprometido con los estudiantes de Educación Especial. La Ley 85-2018 reafirma este compromiso, estableciendo una política pública contundente de integración y mayores servicios para esta población de estudiantes”, indicó el titular de Política Pública.
Entre las iniciativas en beneficio de los estudiantes de Educación Especial se encuentran:
- El desarrollo de programas de aprendizaje para la población de diversidad funcional por medio del Centro para el Desarrollo, la Capacitación e Investigación de la Enseñanza.
- La implementación de los diplomas modificados, para considerar la situación particular de cada estudiante en ausencia del diploma de cuarto año.
- El Programa de Libre Selección de escuelas, el cual permitirá que los padres puedan enviar a sus hijos al centro que más apto esté para sus necesidades particulares.
- Los salones de clase inclusivos con integración entre Educación Especial y la corriente regular.
“El Gobernador continuará evaluando todas aquellas iniciativas que puedan redundar en beneficio de los estudiantes de Educación Especial. También evaluará cualquier pieza legislativa que se presente sobre el tema en el futuro, en la medida que sus iniciativas se puedan financiar”, concluyó el funcionario.
