La petición de la Junta de Control Fiscal (JCF) de objetar más de $6 mil millones de deuda en bonos de Puerto Rico por ser inconstitucional revivió el debate respecto a la necesidad de una auditoría de la deuda.
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares aseguró que la solicitud de la Junta y del Comité Oficial de Acreedores No Asegurados (UTC, siglas en inglés) le dio la razón de que no hacía falta una comisión para auditar la deuda.
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“Establezco que el tiempo nos dio la razón. Hace más de un año, hubo una discusión sobre la auditoría de la deuda y dijimos que estos asuntos de legalidad o ilegalidad se iban a dilucidar en el tribunal. Hoy vemos este primer paso que se está dando”, dijo el gobernador. Añadió que “se va a llevar ante la corte, se va a evaluar, y mi posición es que si se encuentran los elementos de ilegalidad, no se va a pagar”.
Sin embargo, dos economistas consultados por Metro aseguraron que el pedido del ente federal revive el reclamo de una auditoría y podría tener influencia en el acuerdo de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) que se discutirá hoy en el Tribunal federal.
“Eso es por lo cual muchos estamos abogando, que esta enorme responsabilidad que nos están adjudicando con los programas de ajuste par pagar esa deuda, hay que revisar esa deuda. Hay muchas áreas donde parece que se excedieron en los limites constitucionales en la emisión de deuda y hay serios cuestionamientos sobre la constitucionalidad de Cofina”, dijo el economista Argeo Quiñones. Sostuvo que la determinación de la Junta podría tener un efecto en la discusión del acuerdo de Cofina. El catedrático en Economía de la Universidad de Puerto Rico aseguró que esta determinación aviva el reclamo de la auditoría de la deuda. “Puerto Rico ahora mismo, en el marco institucional que tenemos, todavía no ha sido corregido, para eliminar aquellas condiciones que llevaron a la acumulación del nivel de deuda que enfrentamos hoy en día”, precisó el experto en economía.
Luego de que Kobre & Kim publicara su informe de 600 páginas el 20 de agosto de 2018, la Junta de Supervisión designó el Comité Especial de Reclamaciones. La objeción presentada el lunes es la primera acción importante tomada por el ente federal como resultado de su investigación.
La deuda identificada como inválida incluye todos los bonos de obligación general—bonos respaldados por la buena fe y crédito de Puerto Rico—emitidos en 2012 y 2014 bajo las administraciones de Luis Fortuño y de Alejandro García Padilla. Se trata de $2,735 millones bajo la administración de Fortuño, en dos emisiones de bonos, y $3,500 millones de García Padilla. La deuda de Puerto Rico se estima en $72 mil millones.
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Por su parte, la economista Martha Quiñones Domínguez planteó que la petición “era parte de las recomendaciones de la auditoría porque, con la auditoría, se podía saber alguna parte que fuera nula para sacarla y proceder con la deuda que sea constitucional”. Quiñones Domínguez apostó a que existe más dinero que podría ser declarado inconstitucional.
Mencionó como ejemplo el acuerdo de Cofina al que hoy, mientras se espera se discuta el acuerdo, diversos grupos han llamado a protestar durante el día a las afueras del Tribunal.
