Quienes violen el nuevo estatuto que podría ser firmado próximamente por el presidente Donald Trump para prohibir las peleas de gallos en la isla serán arrestados y acusados por la Oficina de la Fiscalía Federal, dijo ayer su encargada, la abogada Rosa Emilia Rodríguez.
De acuerdo con la fiscal, no queda claro todavía qué división de su oficina estará a cargo de las pesquisas en contra de quienes violen la nueva legislación. Afirmó que debe leer el documento final para poder dar mayor información, aunque presume que será la dependencia encargada de maltrato de animales, dirigida por el también fiscal Scott Anderson.
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“Yo lo que voy a decir es lo siguiente. Nosotros, independientemente de nuestra opinión personal o nuestro interés personal, tenemos que hacer valer la ley federal en Puerto Rico. Así que, si eso se hace ley federal, pues la haremos valer”, sostuvo.
Según Rodríguez, el año próximo recibirá más fiscales para poder atender estos casos, y aceptó que, actualmente, está corta de personal.
“Yo tengo un fiscal coordinador de crueldad contra animales y él será el encargado. De necesitar más personas, estamos cogiendo más que llegan ahora para principios de febrero, con eso creemos que podemos hacer valer la ley federal”, indicó.
De acuerdo con la Oficina de Fiscalía Federal, el nuevo estatuto podría ser parecido a lo que ocurre con los casos de peleas de perros. En este caso, hasta asistir a los predios donde haya una pelea es considerado ilegal.
Las agencias que estarían a cargo de estas investigaciones, según Rodríguez, serían Homeland Secutity, el Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés), Food and Drug Administration, el Departamento de Agricultura federal y las autoridades estatales.
El martes, la Cámara de Representantes federal y el Senado capitalino aprobaron prohibir las peleas de gallos en los territorios de la nación. Ahora queda la firma del presidente para culminar el proceso legislativo. La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, dijo el miércoles a Metro que proyecta una demanda contra el Gobierno federal para cerrarle el paso a la legislación.
