Las acusaciones contra Wanda Vázquez Garced por influencia indebida en un caso criminal siendo secretaria de Justicia podrían quedarse en el aire si —como ella misma mencionó— la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) no cumplió con los procesos estipulados por ley.
Según la funcionaria, la pesquisa en su contra, que surgió luego del escándalo del chat de WhatsApp, nunca le fue notificada. Ante esto, el licenciado Ricardo Prieto García, quien ha litigado recientemente casos contra la OPFEI, levantó bandera.
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“Para ampliar una investigación, el FEI (Fiscal Especial Independiente) tiene que tener una resolución de panel autorizándolo. Una vez recibe la autorización de ampliar la investigación para incluir a Vázquez, se tiene que emitir una resolución notificándole a los nuevos investigados”, explicó el licenciado.
“Por eso, desde mi punto de vista, y según determinaciones que hay en el Tribunal Apelativo, la OPFEI no tendría jurisdicción para presentar denuncias ante la consideración del Tribunal porque ha violado el debido proceso de ley”, agregó Prieto.
Ciertamente, la Ley 2 del 2012, que enmienda la Ley de la OPFEI, establece en su Artículo I que el Departamento de Justicia, cuando recomienda la designación de un FEI, debe notificarlo al querellante y al funcionario público imputado.
“Cuando el secretario de Justicia llegue a una determinación de si recomienda o no el nombramiento de un fiscal especial, lo notificará al querellante que solicitó el nombramiento del fiscal especial y al funcionario a quien se solicita investigar”, cita la legislación.
Sin embargo, para el profesor de Derecho y exsecretario de Justicia, William Vázquez Irizarry, la ley tiene un “área gris”, porque en este caso es la secretaria de Justicia quien es señalada.
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Sobre acusaciones contra el secretario de Justicia en propiedad, el letrado destacó que en el artículo VI de la mencionada ley establece que pueden ser presentadas directamente al panel de la OPFEI, pero textualmente no hay nada detallado sobre la obligación de notificar una investigación al funcionario que ocupe la silla. Empero, el mismo inciso agrega que, cuando los jueces de la OFEI evalúan asignar a un fiscal contra el secretario de Justicia, deberán utilizar “las mismas normas aplicables a las investigaciones contra personas y funcionarios sujetos a las disposiciones de esta ley”.
Por tanto, Vázquez Irizarry considera que, de acuerdo con la ley, la secretaria sí debía ser notificada. No obstante, el profesor de la Universidad de Puerto Rico aclaró que es preciso esperar por los cargos que enfrenta Vázquez, que se conocerán este próximo viernes 7 de diciembre, cuando sean ventilados en una vista en el Tribunal de San Juan.
Olga Castellón podría ser gobernadora interina
A raíz del caso en su contra, Vázquez Garced solicitó al gobernador Ricardo Rosselló ser separada temporalmente de su cargo. De acuerdo con la legislación vigente, la secretaria de Justicia es la tercera en orden de sucesión para ocupar la silla de la Gobernación de este ausentarse temporalmente.
Ante la designación de la jefa de Fiscales, Olga Castellón, como secretaria de Justicia interina, sectores han presentado dudas sobre su capacidad jurídica para ocupar la silla de primer mandataria. Sin embargo, Vázquez Irizarry precisó que la Ley 7 de 2005 permitiría que Castellón sustituya al gobernador.
De acuerdo con el profesor, cuando es una vacante transitoria en Fortaleza, el secretario que fungirá como gobernante interino no tendría que cumplir con los requisitos constitucionales de edad, residencia o de ratificación legislativa para sucederlo. Si la vacante fuese permanente, “entonces tiene que cumplir con los mismos requisitos de un gobernador”.
Otro choque entre Rosselló y Rivera Schatz
Ayer, el gobernador Ricardo Rosselló y el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz se enfrascaron nuevamente en un desacuerdo por la acusación del Panel del Fiscal Especial Independiente contra la secretaria de Justicia Wanda Vázquez. Según el líder de la cámara alta, imputarle responsabilidad las acusaciones de Vázquez a otras personas es “infundado y ridículo”. Mientras, Rosselló comentó que “el pueblo conoce sus ejecutorias”.
