Uso excesivo de la fuerza, mal manejo de la multitud y órdenes inadecuadas son algunas de las conclusiones en un informe de 80 páginas del Monitor Federal de la Policía sobre el proceder de la Uniformada el pasado 1ro de Mayo cuando una multitudinaria manifestación concluyó con el uso de gases lacrimógenos, macanazos y uso de balas de gomas contra la masa de manifestantes contenida en un espacio cerrado por los oficiales en Hato Rey, además de arrestos y agresiones posteriormente en la zona de Río Piedras.
De hecho, el informe atiende el incidente en que un oficial de la Policía golpeó por la espalda a un periodista de Metro frente a otros oficiales que no hicieron nada por evitarlo, ni por atender al reportero agredido. Sobre este incidente se concluye que “la evidencia muestra que el reportero del periódico Metro estaba debidamente identificado y seguía las instrucciones que le daba un policía cuando fue golpeado con una macana por la espalda por otro oficial de la Policía”. El incidente se describe en el informe como uno “agresivo” contra un miembro bona fide de la prensa. La Policía no hizo un “Reporte sobre Uso de Fuerza” (PPR-854) sobre esta agresión que fue documentada y reportada por todos los medios de comunicación del país.
PUBLICIDAD
Inclusive, una investigación interna en curso de la Policía sobre este incidente —solicitada por el periódico Metro— aún no ha rendido frutos a seis meses de la agresión. El pasado jueves, el juez de primera instancia, Anthony Cuevas desestimó un recurso de interdicto del periódico Metro en el que se solicitaba que se instruyera a la Policía de abstenerse de agresiones a la prensa y de violación al derecho constitucional de libertad de prensa porque concluyó que no se trata de un patrón, aunque sí reconoció la agresión al periodista y registró en su determinación que ninguno de los oficiales presentes al momento intervino para evitar la agresión, asistir al agredido o detener al oficial agresor.
Al día de hoy se desconoce la identidad del policía agresor. Tampoco la Policía que —según el récord del caso en sala sobre en interdicto— desconocía de la existencia de un protocolo para manejo de prensa en manifestaciones multitudinarias, ha ofrecido ni siquiera una disculpa al periodista agredido.
Además de la agresión por la espalda a un periodista de Metro, el informe del Monitor Federal documenta dos casos más de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía. Se detalla el caso de un vendedor de agua que intentaba salir del área donde la Policía había encajonado a la multitud cuando fue impactado con municiones no letales a corta distancia. El vendedor recibió múltiples impactos en el cuerpo con balas de goma. El tercer caso documentado es el de una mujer a quien la Policía roció con una sustancia química directamente al rostro.
“La evidencia muestra que esta persona no representaba amenaza, riesgo a la propiedad o la seguridad de algún oficial”, detalla el informe.
Se plantea en el informe que el proceso de documentación fue sumamente inadecuado, pues apenas se presentaron “Reportes sobre Uso de Fuerza” (PPR-854) y ninguno de los pocos presentados incluye los arrestos en el área de la urbanización Santa Rita.
PUBLICIDAD
En una instancia se concluye la Policía respondió adecuadamente a una amenaza a la integridad física de los uniformados. Específicamente en un momento que un grupo de manifestantes encapuchados lanzaba piedras, material químico y agredía con palos a los policías. En ese caso hubo “una reacción razonable” de la Policía para repeler la agresión.
En general, el informe concluye que la Policía no siguió las recomendaciones y los protocolos establecidos previamente como parte del proceso de la reforma. Se establece que por órdenes del comisionado de la Policía, Henry Escalera, la multitud fue básicamente encajonada y al momento de dispersarlos con material químico no fueron advertidos, ni tenían forma adecuada de salir de la zona donde estaba atrapada.
“La evidencia muestra que la Policía de Puerto Rico falló completamente, al igual que lo hizo en las demostraciones de 2017, en cumplir con sus políticas previo al uso de agentes químicos y municiones no letales contra manifestantes, al no proveer información repetitiva vía altoparlantes sobre: las violaciones que se cometían, las órdenes de dispersión y sobre las rutas a tomar para salir del área”, concluye el informe.
El informe forma parte de un proceso judicial que inició con una demanda por violación de derechos civiles contra la Policía de Puerto Rico. El cuerpo se encuentra hace años bajo este proceso en corte federal.
Aquí el informe:
Informe Monitor by Metro Puerto Rico on Scribd
