La organización sin fines de lucro Espacios Abiertos (EA) radicó hoy un recurso de mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para que el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo Rosselló Nevares y la Secretaria del Departamento de Hacienda, Hon. Teresita Fuentes Marimón, hagan valer el derecho constitucional de Puerto Rico al acceso a la información y divulguen los Acuerdos de Reducción de Impuestos (“Tax Abatements”) y otros gastos fiscales (“Tax Expenditures”), beneficios contributivos que afectan el fisco público.
El recurso legal se presentó luego de solicitar dicha información infructuosamente desde el 13 de abril de 2018 al anterior Secretario de Hacienda, Lic. Raúl Maldonado Gautier y cónsono con la petición que ha hecho EA en repetidas ocasiones al Gobierno para que haga público un informe de gastos fiscales.
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“Presentamos esa petición para asegurar que la gente tenga acceso a la información pública sobre las concesiones y los incentivos contributivos que constituyen ‘gastos’ del Gobierno de Puerto Rico”, declaró Cecille Blondet, Directora Ejecutiva de la organización sin fines de lucro que, desde 2014, se dedica a promover mayor transparencia de los gastos públicos para a su vez garantizar participación más efectiva del pueblo en los asuntos que le competen.
De acuerdo a la Sección 208(b) de la Ley Federal de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico (‘Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act’ conocida como PROMESA por sus siglas en inglés) 48 USC 2101, et seq. (P.L. 114-187)”, dentro del plazo de seis (6) meses después de la constitución de la Junta de Supervisión Fiscal, el Gobierno de Puerto Rico estaba obligado a someter a la Junta un Informe sobre los Acuerdos de Reducción de Impuestos (“Tax Abatements”) y otros acuerdos similares sobre las concesiones tributarias.
En agosto, EA solicitó a la Junta que confirmara la existencia del referido informe. Mediante carta enviada a EA por la Junta, el 27 de agosto de 2018, le confirmó la existencia del mismo y que en efecto lo habían recibido. Aunque la Sección 208(b) de la Ley PROMESA prohíbe a “los miembros y empleados (staff) de la Junta” hacer público el referido informe, esto no impide que el Gobierno de Puerto Rico haga la divulgación pública requerida por la Constitución y las leyes de Puerto Rico, toda vez que es un documento generado en una agencia pública.
El gobierno federal publica un registro oficial de gastos fiscales desde la década de los setenta. Así lo hacen también 49 de los 50 estados, el Distrito de Columbia, y la mayoría de los países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE). Además desde el 2016 así lo requiere el “Governmental Accounting Standars Board” (GASB) en el GASB 77 a todos los gobiernos e instrumentalidades públicas.
“La gente tiene derecho a saber sobre cada dólar que se invierte en privilegios contributivos, que es a su vez un dólar que deja de allegarse al fondo general. Lo que unos dejan de pagar a todos nos cuesta en reducción de servicios tales como seguridad, salud, y educación”, dijo Blondet en referencia al recorte de fondos de la Universidad de Puerto Rico, entre otros. “No estamos en contra de los incentivos contributivos, lo que deseamos es que sean transparentes para entonces que se pueda evaluar su beneficio y su costo eficiencia sin que ello se haga a espaldas de la gente”, agregó.
