El gobierno de Puerto Rico objetará ciertas áreas del plan fiscal certificado unánimemente por la Junta de Control Fiscal (JCF), ante desacuerdos en las proyecciones económicas y las medidas de recortes que propone el documento.
La actual administración de Ricardo Rosselló considera que la iniciativa del organismo creado por el Congreso para enderezar las finanzas de la isla detalla un superávit demasiado optimista, que provocaría la necesidad de implementar severas medidas de austeridad en el futuro.
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Ante esto, acudirán al Tribunal del Primer Circuito de Boston para retar la decisión de la junta, informó en la tarde Ramón Rosario, secretario de Asuntos Públicos y Política Pública de Fortaleza.
“Nosotros tenemos un caso en el Primer Circuito de Boston, que es la apelación del (fallo) de la jueza (Taylor) Swain. Parte de lo que hace la Junta es agarrarle de esa decisión de Swain para decir que ellos pueden imponer e implementar política pública en los planes fiscales y los presupuestos. Nosotros pedimos autorización al Tribunal para apelar eso y lo concedieron y estamos en la preparación para prepararlo. Esa es la primera opción”, dijo Rosario Cortés ante preguntas de la prensa.
Mientras, Christian Sobrino, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFFAF) y representante del Estado ante la JCF, comentó que “tenemos que montar un caso de qué revisiones son las apropiadas” del plan fiscal. El funcionario aceptó, además, que el gobierno se arriesga a que un Tribunal no autorice el desembolso de fondos públicos por no acatar el documento, mandatario según la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, avalada por el Congreso.
“Eso nos pone a nosotros ahora, desde el punto de vista del Gobierno, una presión en términos fiscales y operacionales de que no podemos llevar a cabo acciones en contra de ese plan sin arriesgar de que se nos lleve a cabo algún tipo de acción judicial y de que el “expendio” de fondos públicos no esté autorizado”, subrayó Sobrino en una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones, luego de que culminó la reunión de la JCF.
Durante su intervención en el cónclave, que comenzó a las 9:00 a.m. y culminó al medio día, Sobrino estableció que el plan fiscal aprobado por la JCF proyecta un superávit de $16 mil millones, mientras que el propuesto por la administración de Rosselló en septiembre uno de $7,000 millones.
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“Nosotros entendemos que es una proyección que no es conservadora, que es demasiado agresiva y que pone al Gobierno contra la pared porque presume unos recaudos que nosotros entendemos que no se deben dar””, acotó.
En términos de los recortes contenidos en el plan, Sobrino destacó que no permitirán que el “sistema pueda desempeñarse adecuadamente”. Argumentó que, como la misma junta detalló en la reunión, hay una mejoría en la economía y que esto ayuda a recortar menos.
“La literatura te dice que cuando impones demasiada austeridad a largo plazo después de un tiempo el efecto es una baja en moral, una baja en la capacidad de atraer nuevo talento porque las personas no quieren entrar al gobierno en esas condiciones, no hay inversión en infraestructura. Queríamos ir poco a poco aliviándolo”, señaló.
De acuerdo con el plan fiscal aprobado, el Gobierno debe recortar para 2023 unos $169 en las pensiones, $1.5 mil millones gracias a la reorganización de las agencias, $451 millones en subsidios y $826 millones en el sistema de salud.
Por su parte, Rosselló afirmó que la junta cambió el plan fiscal para incluir mayores recortes que afectarán a la ciudadanía. “La Junta de Supervisión [Control] Fiscal ha cambiado totalmente su enfoque y su filosofía, no tan solo los números, en llevar a cabo estas iniciativas. A modo de ejemplo, hay unos recortes mucho más agresivos en lo que va a ser los recortes en el gobierno. Eso tiene como consecuencia afectar a los servicios y por supuesto afectar a los más vulnerables”, detalló el primer ejecutivo.
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