El Senador Juan Dalmau Ramírez, acompañado de integrantes del Movimiento por la Niñez y la Educación Pública, presentó hoy la Resolución de investigación del Senado 903 sobre el cumplimiento del Departamento de Educación con sus obligaciones hacia los niños de educación de especial, en lo que señaló debe ser un paso previo e indispensable antes de considerar el Proyecto de la Cámara 1484, que según anticipó, pudiera causar daños irreversibles a la ya precaria situación de los niños y niñas con diversidad funcional.
“Aquí estamos otra vez condenando la dejadez y el desprecio con que el Departamento de Educación atiende los asuntos relacionados a la Educación Especial en nuestro país. El Senado debe actuar con cautela ante el Proyecto de la Cámara 1484, sobre el cual se han levantado serios e importantes cuestionamientos. En un asunto tan complejo como es la obligación del estado hacia los niños de educación especial, tanto la sensibilidad como la prudencia exigen documentar detalladamente la situación actual, escuchando con respeto y atención a las familias, los estudiantes y las proveedoras de servicio, antes de cualquier otra intervención legislativa”,puntualizó el portavoz senatorial del PIP.
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El Senador Dalmau sometió la Resolución del Senado 903 para investigar y documentar, entre otros aspectos, si los estudiantes que fueron trasladados tras el cierre de escuelas han sido ubicados en escuelas preparadas para recibirles; si están recibiendo terapias y en qué condiciones; si se están honrando los contratos de servicios y si la eliminación de niños del Programa responde a procesos ordenados y a criterios clínicos.
La propuesta de crear todo un nuevo aparato burocrático para educación especial, lo que implicaría costos multimillonarios, se da en un momento en que el Programa sufrió un recorte de 78 millones de dólares, a pesar de que la estipulación del pleito de clase prohíbe las reducciones presupuestarias sin autorización judicial.
Por su parte, la activista de educación especial Jinnette Morales, explicó que el P de la C 1484 parte de una visión equivocada del Programa de Educación Especial, al proponer que se separe completamente la Secretaría Auxiliar de Educación de la estructura del resto del Departamento, a pesar de que cerca del 75% de los estudiantes con diversidad funcional están en corriente regular, junto a los niños típicos. Indicó que el efecto es construir “un templo a la segregación de los estudiantes de educación especial”.
Cuestionó también el que los jueces administrativos sean nombrados por el Gobernador, afianzando el elemento político en su designación, y el que se eliminen derechos adquiridos a través del mecanismo de Remedio Provisional, creado como parte de la Sentencia por Estipulación del pleito de clase de Rosa Lydia Vélez, al extender los términos que tiene el Departamento para comenzar a dar los servicios de terapia. “Yo quisiera que me dijeran qué derecho, uno sólo, le añade este proyecto a los que ya tienen nuestros niños por virtud de leyes y reglamentos y de la Sentencia del caso de Rosa Lydia. No hay ninguno. Si se quiere actuar con buena fe en beneficio de los niños con diversidad funcional, el primer paso es escucharnos a las familias, a las maestras, a las terapistas”, señaló la Sra. Morales, madre de una niña con Síndrome Down e intercesora de educación especial.
En la conferencia de prensa, y como parte del Movimiento, estuvo la ex senadora María de Lourdes Santiago, que reiteró que el problema de Educación Especial no es uno legislativo: “Los niños y niñas con diversidad funcional están protegidos por casi una decena de leyes. El que aún hoy tengamos niños sin clase, el que las terapias no se puedan dar, el que falten asistentes y transportación, no es causado porque hay deficiencias en el ordenamiento. Ocurre porque funcionarios de todos los niveles violentan todos los días los derechos de los niños y nadie ha tenido que pagar, en casi cuatro décadas de litigio, ninguna consecuencia personal por su incumplimiento. ¿Cómo es que a nadie en el Departamento le importó que con los cierres de escuela miles de niños se quedaran sin ubicación adecuada, sin lugar para recibir terapias, sin maestros?”
Las portavoces del Movimiento subrayaron que en momentos de crisis es esencial la transparencia, e hicieron un llamado a la secretaria Keleher y al gobernador Rosselló para que publiquen las estadísticas sobre el regreso a clases de niños registrados en el programa de educación especial, junto con un recuento detallado sobre los procesos de nombramientos de maestros de educación especial y la contratación de terapistas, transportistas y otros proveedores de servicios relacionados.
