Medidas proveen asistencia legal a empleados que denuncien corrupción

La asistencia legal será gratuita

Por CyberNews

El proyecto que propone enmendar el Código  Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico para garantizar a los funcionarios públicos que denuncien actos de corrupción se les ofrezca asistencia legal gratuita para  incoar o participar en procedimientos civiles, penales o administrativos al amparo de las protecciones que otorga dicho Código, fue aprobado unánimemente en el Senado el lunes.

Se trata del Proyecto del Senado 1081, del senador por San Juan, Miguel Romero.

“Este derecho tiene que ser solicitado por el empleado público que tome el paso al frente al denunciar actos que atentan contra el buen funcionamiento del Gobierno y quebrantan la confianza del pueblo. De esta manera, aquellos que denuncien tales actos contarían con la representación legal para atravesar atender el procedimiento en protección de su empleo y demás derechos de los cuales son acreedores”, dijo el legislador en declaraciones escritas.

Por otra parte, indicó que el Senado también le dio su visto bueno al Proyecto del Senado 1086 que igualmente enmendaría la Ley de Municipios Autónomos con el  objetivo de establecer controles adicionales cuando un municipio realice compras que no requieran subasta pública.

El también presidente de la Comisión de Gobierno indicó que, “actualmente, una de las excepciones a la celebración de subasta pública para la realización de compras a nivel municipal requiere que previo a una compra se obtengan tres cotizaciones  de suplidores. Sin embargo, la ley guarda silencio en cuanto a con cuánto tiempo con anticipación de la compra se deben conseguir estas cotizaciones”.

Para atender este asunto, la medida propone enmendar la Ley para que estas cotizaciones se tengan que obtener con al menos 10 días de anticipación a la fecha en la que se requiera realizar la compra. De este modo, según Romero, “se garantiza que los suplidores tengan tiempo  suficiente para brindar la mejor cotización posible, maximizándose así el uso de los fondos públicos municipales y se evita que funcionarios y suplidores corruptos creen esquemas de favoritismos que le cuestan recursos a los contribuyentes”.

Además, según se dispone en la Ley de Municipios Autónomos, las compras en situaciones de emergencia están actualmente excluidas de la celebración de subasta.

Para garantizar que realmente se trate de una emergencia, se propone que el funcionario que autorice la compra deberá realizar una declaración jurada que deje constancia sobre la situación de emergencia que lleva a la autorización de la referida compra.

“La aprobación de ambos proyectos son un paso adelante para combatir de frente y sin amagos los actos de corrupción que constantemente vemos en el gobierno, incluyendo los municipios. De hecho, en días recientes se han reseñado en la prensa que el mecanismo de compras en situaciones de emergencia ha sido utilizado para crear esquemas ilegales y para promover el favoritismo hacia contratistas que se prestan para tales actos. Debemos tomar todas las medidas necesarias para prevenir el mal manejo de los fondos públicos”, manifestó Romero.

El senador dijo que espera las medidas sean aprobadas en la Cámara y que luego reciban la firma del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares.

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