El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó el martes, que de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) presentaron dos demandas en contra de las aseguradoras para velar por el interés público y defender a los asegurados tras el paso del huracán María por Puerto Rico.
“La actuación de las aseguradoras en varios casos pone en juego nuestra capacidad para recuperarnos tras el paso de los huracanes. Debemos ayudar a los asegurados para impedir la migración y pérdida de empleos en la Isla”, puntualizó el primer ejecutivo en conferencia de prensa.
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Rosselló Nevares añadió que “muchos asegurados se encuentran tramitando aún sus reclamaciones en los procesos internos de las aseguradoras. Este atraso es injustificable y atenta contra nuestro progreso luego de la devastación”.
Por una parte, la demanda de clase que presenta DACO en representación de los consumidores se hace con el fin de evitar que una aseguradora pueda levantar como defensa el alegado término de caducidad de un año y permitir que los asegurados sigan con sus reclamaciones bajo su póliza.
Varias aseguradoras han interpretado que los asegurados tienen un año para demandarlos en los tribunales o pierden su reclamación; esto se conoce como término de caducidad.
Dicha interpretación crea una gran injusticia pues el 20 de septiembre de este año —tras 1 año del paso del huracán María— las aseguradoras podrían denegar las reclamaciones de muchos asegurados y después alegar que estos no pueden ir al tribunal a exigir sus derechos.
Además, en esta demanda se están reclamando daños a nombre de los consumidores que todavía no han sido indemnizados.
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El secretario de DACO, Michael Pierluisi, expresó que “el hecho de que, a casi un año del paso del huracán María, estas reclamaciones no estén resueltas es inaceptable”.
Asimismo, el titular de DACO añadió que “como el ente llamado a vindicar los derechos de los consumidores, trabajaremos este pleito arduamente ante todos los foros pertinentes para resolver estas reclamaciones y contribuir a que los consumidores asegurados recuperen sus pérdidas y, más importante aún, su calidad de vida. Con la presentación de este pleito, hemos puesto a los consumidores en una posición más sólida frente a las aseguradoras”.
Por otra parte, la demanda de sentencia declaratoria de la OCS se presenta para que el tribunal determine que ese término de un año no es de caducidad sino uno de prescripción, que puede ser interrumpido mediante reclamación extrajudicial, como la reclamación en el foro interno de la aseguradora.
Eso permitirá que, para esta y futuras ocasiones, la aseguradora no pueda levantar la defensa de caducidad al año a pesar de que el asegurado haya hecho reclamaciones extrajudiciales en los foros internos de la aseguradora.
Por su parte, el comisionado de la OCS, Javier Rivera Ríos, puntualizó que “nuestra oficina, junto al Departamento de Justicia, han establecido una demanda para que el tribunal se exprese en sentencia declaratoria sobre si el periodo para un asegurado acudir a los tribunales para instar una acción judicial contra el asegurador es uno prescriptivo o de caducidad”.
Rivera Ríos también afirmó que “vemos en esto una medida favorable ya que evita la incertidumbre sobre el término que poseen los asegurados afectados por el huracán María para ir a los tribunales y hacer valer sus derechos bajo la póliza en caso de alguna controversia”.
La OCS ha tenido que notificar 53 órdenes contra las aseguradoras, con multas que ascienden a unos 5.9 millones de dólares, para atender 19,607 reclamaciones de asegurados.
Además, la oficina ha recibido 1,658 querellas, de las cuales aún quedan pendientes 999.
Al 31 de julio de 2018 y solo sobre el huracán María, los asegurados han realizado unas 276,000 reclamaciones a las aseguradoras. De estas, unas 83,000 están cerradas, pero no se ha emitido pago al asegurado.
También, hay unas 16,000 reclamaciones sin resolver por parte de las aseguradoras.
Mientras, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, expresó que “a casi un año y como resultado del devastador paso del huracán María, miles de puertorriqueños y residentes de esta Isla perdieron sus pertenencias y sus hogares. Aun ante la tragedia, descansaron en poder reconstruir y recuperar la normalidad en sus vidas en el entendido de tener sus bienes asegurados”.
Vázquez Garced señaló además que “es altamente injusto que, a un año del paso del huracán, todavía haya asegurados que, pese a hacer sus reclamos a tiempo, las aseguradoras no les han respondido, atendido ni desembolsado lo que les corresponde. Esperamos que estas acciones legales ayuden a Puerto Rico a seguir adelante y a levantarse. Es lo más justo”.
Estas dos demandas se unen a otras iniciativas que presentó el gobernador ante la Asamblea Legislativa para proteger a los asegurados; las mismas se están trabajando en la Legislatura para su aprobación.
Una de las medidas propone implementar el proceso obligatorio de valoración (appraisal) por medio de un árbitro. Con este proceso —disponible en las demás jurisdicciones de los Estados Unidos—las partes podrán someter el asunto ante un árbitro para llegar a una resolución de forma rápida y económica.
Este proceso de valoración no suplantará o constituirá una renuncia del derecho del asegurado a iniciar una acción judicial.
Otra de las medidas enmienda el Código de Seguros para prohibir cualquier cláusula o estipulación en un contrato o póliza de seguro que limite la facultad del asegurado para hacer valer sus derechos bajo la póliza en los tribunales.
Además, se presentó una enmienda para facilitar a las entidades que cualifiquen, la colocación de riesgos comerciales particulares con aseguradores de líneas excedentes.
De esta manera, se podría dispensar a ciertas entidades del requisito de circular el riesgo entre los aseguradores de la Isla antes de recurrir a un asegurador de líneas excedentes.
En momentos en los que el costo de las primas comerciales ha visto un drástico aumento, esto resultará en mayor acceso a primas más asequibles para los comercios, condominios y entidades gubernamentales.
Por otra parte, se propone establecer un mecanismo para que la Rama Judicial cree salas especializadas con jueces preparados para que, ante una declaración de emergencia, puedan ver de manera expedita los casos sobre seguros.
También se presentó una enmienda para que, en casos de que el asegurador no haya procedido con buena fe o que el manejo de la reclamación fuera irrazonable, se establecería como penalidad del pago de la totalidad de honorarios y costos para el proceso administrativo y judicial.
Mientras, se ha propuesto una enmienda para requerir a cada asegurador mantener por escrito un plan de respuesta ante un evento catastrófico o de emergencia, mediante el establecimiento de un proceso para asegurar la continuidad de los servicios y operaciones.
Además, se propuso legislar para obligar a las aseguradoras a hacer pagos parciales aplicable a las partidas donde no existe controversia.
También se presentó una medida para que las aseguradoras reembolsen los gastos incurridos en su investigación o en un examen financiero para asegurar que están debidamente capacitadas a responder a sus asegurados.
Este modelo de reembolso y fiscalización es seguido por múltiples jurisdicciones como California, Illinois, Massachusetts, Maryland, Dakota del Norte, Nueva York, Pensilvania, Rhode Island, Dakota del Sur y Utah.
Finalmente, se propuso una enmienda para crear una nueva cubierta a bajo costo con beneficios limitados y definidos, conocida como microseguros. En caso de ocurrir un evento catastrófico, el microseguro permitiría al asegurado recibir una indemnización predeterminada sin necesidad de pasar por los procesos de ajuste de la reclamación.
