Un juez federal argentino ordenó el lunes el procesamiento y la prisión preventiva de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández por supuestamente encabezar una trama corrupta que recibía sobornos de empresarios a cambio de la adjudicación de obras públicas.
Claudio Bonadío imputó a Fernández los delitos de “asociación ilícita en calidad de jefa, admisión de dádivas en 22 hechos… y cohecho pasivo en cinco hechos” entre 2003 y 2015, periodo que incluye sus dos mandatos y el de su marido y antecesor Néstor Kirchner. A su vez le impuso un embargo de 4.000 millones de pesos (equivalentes a casi 100 millones de dólares).
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Fernández, de 65 años, no puede ser detenida porque está protegida por fueros parlamentarios. En caso de que la justicia solicite su desafuero sólo perdería la inmunidad de arresto con dos tercios de los votos de los senadores, algo poco probable ya que el peronismo opositor ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena firme.
El magistrado también ordenó el procesamiento del exministro de Planificación Federal Julio de Vido y otros exfuncionarios de ese ministerio, así como de varios empresarios del rubro energético y de la construcción, entre ellos Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente Mauricio Macri.
En total se trata de 42 procesados entre exfuncionarios y empresarios, sobre los cuales se trabó un embargo equivalente al de la mandataria. Sólo 12 fueron eximidos del pedido de prisión preventiva.
En su resolución, Bonadío sostuvo que entre 2003 y 2015 operó en Argentina “una colusión de funcionarios y empresarios que hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro… y todo esto se hizo para distribuir coimas (sobornos) a funcionarios corruptos”.
Por este esquema de recaudación ilegal, los empresarios que pretendían ganar una obra pública “entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba a los funcionarios” que Néstor Kirchner y Cristina Fernández “designaban para esos menesteres a fin de recibir estos ‘retornos’ o ‘coimas’”.
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La investigación llamada popularmente “los cuadernos K” se inició luego de que la justicia accediera a copias de cuadernos con anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por un chofer del Ministerio de Planificación Federal quien aparentemente fue testigo privilegiado de la recolección del dinero ilegal.
La justicia también cuenta con la declaración de empresarios y exfuncionarios arrepentidos que habrían aportado detalles sobre la operatoria. Esas declaraciones no trascendieron públicamente.
Fernández niega los cargos y ha denunciado una serie de irregularidades en la causa que lleva adelante Bonadío, a quien calificó de “juez enemigo” que actúa en sintonía con el gobierno del conservador Macri para perseguir a opositores y ocultar la actual crisis económica.
Bonadío también tiene a su cargo otras causas que comprometen a la expresidenta: una por supuesta defraudación al Estado con la compra de dólares en el mercado a futuro, otra por lavado de dinero y una tercera por el supuesto encubrimiento de los responsables del ataque terrorista contra una mutual judía de Buenos Aires en 1994.
Fernández también enfrenta cargos por lavado de dinero y administración fraudulenta, en otras investigaciones por corrupción.
