El juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, quien planteó que no está ajeno a los incidentes del pasado 1ro de mayo en donde hubo agresiones a periodistas y que evalúa el incidente en el que un policía no identificado golpeó por la espalda a un reportero de Metro concedió a las partes diez días para evaluar si llevarán el caso al foro federal.
En este escenario deben determinar si optan por acudir a los procesos de la reforma policial en el Tribunal Federal como mecanismo para evitar agresiones a la prensa por parte de la Uniformada.
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En la sala 904 del Tribunal de San Juan, el magistrado brindó el tiempo de diez días para que, además, el abogado Manuel Sánchez, que representa a Metro, responda a una moción que presentó la defensa, encabezada por el abogado Iván Ramírez, muy poco antes del comienzo de la audiencia judicial. La Policía, a través de su representación legal, insiste en desestimar un recurso de Metro en el que se solicita que el Tribunal ordene a la Uniformada apegarse a la Constitución y no violentar el derecho a la libertad de prensa mediante agresiones a periodistas en funciones.
La acción legal se presentó a raíz de los incidentes del pasado 1ro de mayo, Día Internacional del Trabajador, en Río Piedras, cuando un periodista de Metro –quien estaba debidamente identificado con uniforme y credencial de prensa– fue golpeado por la espalda por un Policía mientras grababa el arresto de un manifestante.
En sus argumentos, la defensa planteó la desestimación del caso alegando que se trata de un “incidente aislado” al catalogarlo como “una golondrina”, señalaron que ya existe un protocolo y que una acción judicial sería una intromisión a la Rama Ejecutiva. El abogado de la Policía insistió en múltiples ocasiones que la prensa debe insertarse en el proceso de la reforma policiaca si quiere que haya enmiendas a una orden general del 2016 sobre manifestaciones multitudinarias en la que se menciona en un párrafo que la Policía no dispersará a periodistas o si quiere que los policías sean adiestrados sobre el respeto a la libertad de prensa y cómo proceder cuando periodistas documentan eventos públicos.
“Este es solo un incidente, que hubo pepper spray y le cayó a periodistas es parte del proceso”, manifestó el licenciado Ramírez.
Los argumentos de la Policía de que la prensa acuda al proceso de la reforma surgen más de 50 días después de que tras una primera vista judicial se acordara que las partes se reunieran para establecer un protocolo, proceso que fue paralizado por una moción de desestimación en el Apelativo. Ahora, la representación legal de la Uniformada plantea que no podrían reunirse con periodistas y llegar a acuerdos de cobertura porque los procesos de la reforma policial les impiden adoptar protocolos “unilateralmente”.
El abogado de la Asociación de Periodistas, Mario Pabón Rosario, que se unió al caso, señaló que le preocupa el protocolo existente ya que está recogido en una orden administrativa general que dedica únicamente un párrafo al trato a la prensa y del cual la propia Uniformada desconocía en un principio cuando se presentó la demanda, por lo que se cuestionó el funcionamiento del mismo. Así mismo, cuestionó que se plantee el establecimiento de perímetros como parte de protocolos, ya que el derecho a la libertad de prensa es constitucional y podría limitarse para eventos complejos con el establecimiento de perímetros. Aún así, abogó porque se retome un diálogo que garantice que la prensa pueda trabajar libremente y sin temores en eventos donde haya intervención policiaca.
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Mientras, Sánchez llamó la atención al hecho de que pese a que ya han pasado sobre varios meses desde que se informó que estaban realizando una investigación interna para identificar al oficial agresor, al presente aún se desconoce su identidad. Asimismo, se desconoce el estatus de esa pesquisa.
El juez propuso que en un periodo de diez días Metro evalúe insertarse en el proceso de la reforma policiaca, ya que entiende que la Policía es fiscalizada a través de esa reforma federal.
En ese sentido, el abogado demandante argumentó que acudir a la reforma federal “es un proceso burocrático que conlleva esperar adiestramientos, mientras tenemos una manifestación mañana y agreden a otro periodista”. A lo que el juez planteó que una vía por una orden desde su sala sería apelada y podría culminar en un proceso más burocrático y engorroso que acudir a la reforma policiaca.
En esta vista no hubo ninguna representación de la Policía o sus organismos de prensa, más allá de los abogados.
