El Gobierno no ha hecho cambios ni ha aprobado legislación que establezca la política pública y protocolos a seguir para contabilizar adecuadamente las muertes relacionadas con una emergencia o desastre natural a pesar de la experiencia del huracán María.
Una de las iniciativas legislativas para atender el problema, que se quedó en el aire por un tranque en las versiones entre el Senado y la Cámara de Representantes, es producto de una extensa investigación senatorial que confirmó los hallazgos del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en el sentido de que el Gobierno no contaba con un protocolo especial para relacionar las muertes con una emergencia, ni utilizó las guías del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
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Durante la pesquisa, la Comisión senatorial de Seguridad Pública nunca recibió protocolos ni material que explique cómo se registran las muertes asociadas a una emergencia, confirmó al CPI su presidente, Henry Neumann.
Ninguno de los funcionarios de las dependencias gubernamentales encargadas de manejar los datos sobre las muertes tras el huracán pudieron explicar por qué no utilizaron las guías del CDC.
“Ni el Departamento de Salud, ni el Registro Demográfico ni el Negociado de Ciencias Forenses. Las guías no fueron utilizadas porque el resultado final fue algo completamente desorganizado, y por la falta de responsabilidad de cada cual”, sostuvo Neumann en entrevista con el CPI.
Añadió que la desinformación interagencial evidenciada por la pobre respuesta del Gobierno ha provocado desconfianza en las estadísticas de las muertes relacionadas con la emergencia.
“Entendemos que es de vital importancia. No nos podemos dar el lujo de repetir el mismo error. ¿Por qué esperar por el CDC si localmente se puede hacer un esfuerzo para establecer un protocolo que cumpla con todos los estándares?”, planteó el senador.
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La Ley del Protocolo
El Proyecto del Senado 713, de la autoría de Neumann, es el resultado de nueve meses de investigación legislativa sobre la incapacidad del Gobierno para contabilizar adecuadamente los decesos tras María. La medida busca establecer un protocolo uniforme para la evaluación de las causas de muerte durante un evento catastrófico o desastre natural, y quedó en suspenso luego de un tranque en el comité de conferencia de Cámara y Senado en junio durante los últimos días de la pasada sesión.
Neumann responsabilizó al Colegio de Médicos de Puerto Rico de paralizar el proyecto tras cabildear para que incluyera una enmienda que le asegure inmunidad a los galenos al llenar los certificados de defunción.
“Yo fui visitado por Kenneth McClintock en un momento, en la noche final, cuando los comités de conferencias estaban trabajando la resolución final para tratar de convencerme. Él estuvo a cargo de cabildear a favor de las enmiendas que incluyeron en la Cámara”, dijo Neumann al tiempo que cuestionó la necesidad de exigir inmunidad al llenar el certificado de defunción.
La posición del Colegio de Médicos de Puerto Rico es que se debe extender la inmunidad que tienen los médicos e instituciones de salud del Estado a los galenos que, voluntariamente, decidan unirse a misiones en momento de una emergencia declarada, explicó Kenneth McClintock, cabildero de la agrupación de médicos.
Cuestionó por qué no extender esa inmunidad si durante la emergencia los médicos sustituyeron los servicios que de ordinario ofrecen los hospitales públicos y las salas de emergencia que, por las condiciones extraordinarias, permanecían cerradas.
“Los patólogos forenses están amparados por la inmunidad del Estado. ¿Por qué no se le va a dar inmunidad a un médico clínico que durante época de emergencia declarada hace ese trabajo? No estamos inventando la rueda. Eso se hizo luego de Katrina y Andrew”, respondió el presidente del Colegio de Médicos, Víctor Ramos cuando se le cuestionó la necesidad dar inmunidad para llenar un certificado de defunción cuando se vincula la muerte a un desastre natural.
El fundamento del Colegio de Médicos para pedir que se otorgue inmunidad es que esa entidad considera que el llenar los certificados de defunción es parte del tratamiento médico. “El tratamiento empieza cuando empieza, y si el paciente fallece, termina con el certificado de defunción”, sostuvo Ramos.
Precisamente, durante las vistas públicas legislativas trascendió que muchos de los médicos que atendieron personas fallecidas durante el proceso de la emergencia no llenaron el encasillado número 25 del certificado de defunción. Este es el que explica las circunstancias relacionadas con el huracán, que provocaron el deceso, y complementa al anterior, que certifica la causa clínica de la muerte, para hacer saber que esta fue consecuencia de la emergencia.
A manera de ejemplo, el encasillado 24 del certificado de defunción indicaría que una persona murió a causa de un paro respiratorio. Esta muerte solo se podría vincular a la emergencia tras el paso de María si en el encasillado 25 el médico escribe que ese paro respiratorio se dio producto de, por ejemplo, no tener servicio eléctrico para conectarse a la máquina respiratoria.
Neumann mencionó que durante las audiencias legislativas la Asociación de Funerarios de Puerto Rico aseguró que, tras María, recibían los cadáveres con la documentación oficial sin llenar o incompleta, por lo que tenían que salir a buscar a los parientes de la persona fallecida para recabar la información que faltaba.
Neumann defendió la urgencia de aprobar el proyecto, que no solo establece un protocolo uniforme para contar las muertes, sino que autoriza a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica a imponer sanciones a quienes incumplan.
La medida le quita al secretario de Seguridad Pública Héctor Pesquera el control que ahora tiene sobre la información de este tipo al crear el Comité Interagencial para la Divulgación Oficial de Información sobre Datos Estadísticos de Muertes Relacionadas con Desastres Naturales o Eventos Catastróficos, compuesto por representantes del Negociado de Ciencias Forenses, el Registro Demográfico de Puerto Rico y el Instituto de Estadísticas, que deberá publicar los datos sobre las muertes relacionadas con el desastre.
Informe de George Washington repite recomendaciones de la Legislatura
Muchas de las recomendaciones hechas por los investigadores del Instituto Milken de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de George Washington ya están incluidas desde junio en el informe de la Comisión de Seguridad Pública del Senado sobre el P del S 713, que está engavetado.
Entre ellas, el Gobierno debe establecer un plan de manejo de crisis en caso de desastres; actualizar los planes de emergencia, crear un protocolo adecuado para asociar las muertes y crear una comisión interagencial encargada de analizar las muertes y hacer público los datos.
El informe de la Universidad de George Washington confirmó que el Gobierno falló en su respuesta al no contar con un protocolo adecuado para vincular los decesos al evento atmosférico ni orientó debidamente a los médicos sobre cómo llenar correctamente los certificados de defunción.
