A pesar de que, desde febrero de 2017, existe una resolución enviada desde la Oficina de Presidencia de la Universidad de Puerto Rico (UPR) a las oficinas de Rectoría de las 11 unidades del sistema que ordena mantener controles y mecanismos de sana administración fiscal y requiere la autorización de la presidencia para aumentos de sueldo en puestos de confianza y nombramientos, el rector interino del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), doctor Segundo Rodríguez, ha autorizado alzas salariales a figuras de su equipo de trabajo y en contratos para asesoría.
Además de los casos reseñados en la primera parte de este reportaje, Rodríguez dio paso a un aumento salarial de $27,600 al exalcalde de Comerío, Luis A. Rivera Rivera, quien tuvo un contrato de asesoría con el rector interino registrado el 7 de agosto de 2017, con vigencia hasta el 30 de junio de 2018. En dicho contrato se estableció que Rivera Rivera cobraría $86,400, a razón de 80 horas mensuales, $90 por hora facturada. El contrato fue renovado este año, con vigencia desde 1.o de julio hasta el 30 de junio de 2019, pero con un salario de $114,000, a razón de 95 horas mensuales, $100 por cada hora facturada.
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El contrato establece que Rivera Rivera coordinará las gestiones y los procesos de los proyectos especiales del rector; proveerá asesoramiento sobre planificación técnica e insumo del rector y su personal administrativo en la integración de funciones del Recinto con la Junta de Gobierno, la presidencia y la administración central de la Universidad de Puerto Rico.
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También establece que como parte de sus servicios Rivera Rivera proveerá asesoramiento sobre planificación en las áreas de Rectoría que el Rector entienda necesario proveer tal apoyo al personal administrativo y académico, así como proveer asesoramiento al rector sobre planificación entre agencias de la Rama Ejecutiva y Recinto de Ciencias Médicas a la luz de la normativa del recinto y el plan de trabajo y funciones institucionales del rector.
La corporación a la que Rivera representa, y a su vez es dueño de la misma, es Education Research LLC.
Aunque nunca fue acusado en un tribunal, Rivera Rivera –alcalde de Comerío desde 1993 hasta 1997– fue señalado por uso ilegal de fondos públicos y otras violaciones de ley, en un informe de Auditoría de la Oficina del Contralor presentado al entonces gobernador Pedro Rosselló y a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes el 29 de mayo de 1998.
Entre los hallazgos de la auditoría, el contralor enumeró violaciones de ley relacionadas con la adjudicación y el pago de una obra; uso ilegal de fondos y propiedad pública; cotizaciones falsas consideradas en la adjudicación de servicios, contratación de obras y compras y servicios sin celebrar subastas ni solicitar cotizaciones y otras deficiencias relacionadas con subastas; contratación de una obra sin el permiso de construcción correspondiente, penalidades no impuestas a contratistas por la entrega tardía de proyectos; cheques que no fueron endosados por las personas a nombre de quienes estos se emitieron; despido ilegal de una empleada; puesto ocupado ilegalmente por una funcionaria; ausencia de información y de cláusulas importantes en los contratos de servicio profesionales y consultivos; pago de sueldos en exceso a lo establecido en el Plan de Clasificación y Retribución; entre otros.
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Circular vigente ordena revisión de presidencia UPR en aumentos salariales de confianza
Antes de salir de la presidencia interina de la UPR, Celeste Freytes González firmó la Carta Circular R-1617-15, con fecha del 8 de febrero de 2017, en la que establece las directrices de aplicación uniforme para las acciones de personal en la UPR, como parte de las medidas dirigidas para el control fiscal. Dicha resolución continúa con vigencia luego del paso de batón al actual presidente interino, Darell Hillman.
La circular enviada a los rectores establece, entre otras cosas, que estarán permitidos aquellos puestos creados en el Plan de Confianza y que hayan sido previamente aprobados por la presidenta interina. Pero añade que “nombramientos adicionales o cambios en sueldo para los vigentes deberán contar con la autorización de la presidencia”.
La carta también ordena que los diferenciales en sueldo, compensaciones adicionales e incentivos no docentes se permitirán solo como “medida extrema y excepcional”, luego de la evaluación correspondiente por parte de la Oficina de Recursos Humanos.
“Es responsabilidad del rector y la rectora de cada unidad institucional mantener los controles y mecanismos necesarios para asegurar la sana administración y la mejor utilización de los recursos conforme a las leyes, reglamento y normas aplicables”, sostiene el documento. “Además, la autoridad nominadora de cada unidad asumirá total responsabilidad por las transacciones delegadas y deberán cumplir con todo lo establecido en este seriado, así como mantener el uso del presupuesto autorizado sin exceder las asignaciones aprobadas a cada recinto”, añade.
La carta se copió a todos los decanos de Administración, directores de Presupuesto y directores de Recursos Humanos.
Presidente interino desconocía sobre aumentos salariales
“Me toma de sorpresa que hayan aumentado. Eso no pasó por Administración central”, afirmó el presidente interino de la UPR, doctor Darell Hillman en entrevista con Metro.
Hillman sostuvo que daría instrucciones para que los contratos en cuestión se revisen y se enmienden a los salarios establecidos en principio. “Tendrían que corregir y mantener esas bonificaciones, esos honorarios, a como estaba establecido”, declaró.
Sobre si alguno de los contratos será cancelado, apuntó: “Eso no lo puedo decir todavía. Tendría que evaluar el caso, la necesidad, por qué hubo el cambio, qué los motivó y, entonces, a base de eso (tomar una decisión)”.
El otorgamiento de estos contratos y los aumentos salariales colocan a Rodríguez en la cuerda floja, de cara al nombramiento de rectores en propiedad que hará el nuevo presidente Jorge Haddock cuando asuma el cargo el próximo 3 de septiembre, dijo Hillman. El presidente entrante ya está enterado de la situación.
Él (Haddock) recibe todas las mañanas todos los recortes de prensa que yo recibo”, expresó el presidente interino.
Además del contrato de Rivera Rivera, el rector interino del RCM aprobó un aumento de salario a la directora de Recursos Humanos, Raquel Núñez, cuyo salario era de $72,000 cuando fue inicialmente contratada en agosto de 2017, pero el 30 de junio de 2018 fue aumentado a $86,400. Es decir, que recibió un aumento salarial de $14,400. Hillman dijo que el contrato no había llegado hasta su oficina para evaluación.
“El resto (de los contratos) tampoco fue evaluado ni ha llegado a mi oficina, hasta donde yo tengo conocimiento. Eso pasa por diferentes canales y, específicamente, cuando hablé con mi personal, les pregunté y me dijeron eso, que por aquí no han pasado (los contratos)”, aseguró el presidente interino.
Cabe mencionar que, en el encasillado 30 de la hoja de “Notificación de cambio de salario” se indica que el director interino de Recursos Humanos de la Administración central de la UPR, Nelson Rivera Villanueva, le expresó al rector interino del RCM mediante comunicación que, respecto a la Circular R-1617 aún vigente, “estas solicitudes de acciones de personal se refieren a las que son sufragadas con fondos institucionales exclusivamente. Por tal motivo, las transacciones de personal referente a revisiones de puestos de confianza sufragados con fondos externos y previamente autorizados no requieren de la aprobación del presidente”.
De acuerdo con la hoja de “Notificación de cambio”, los fondos utilizados para el salario de Núñez son institucionales, de modo que requerirían la aprobación del presidente interino de la UPR. No está claro si la comunicación de Rivera Villanueva se refería al cambio en sueldo de la directora de Recursos Humanos, si el cambio llegó hasta sus manos para evaluación o si se trató de una comunicación general enviada al rector interino del RCM. Metro solicitó una entrevista con el doctor Rodríguez, pero la Oficina de Comunicaciones indicó que el rector interino se estaría expresando luego de la publicación de esta segunda parte del reportaje investigativo.
Para la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), Jannell Marina Santana Andino, el otorgamiento de contratos y el aumento salarial en puestos de confianza en el RCM responden al “inversionismo político y al amiguismo”.
“Nosotros rechazamos todos estos contratos que son tan altos, máxime cuando estamos en un tiempo que hay una crisis”, afirmó Santana Andino.
“Hay crisis para unas personas, pero no hay crisis para otras. Mientras tú ves que a los trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Puerto Rico les están quitando, no hay reclutamiento, no hay muchas cosas, estas personas llegan, y lo que nos quitan a nosotros se lo dan en los puestos de confianza”, sostuvo la presidenta.
La líder sindical cuestionó cómo individuos que, en el pasado, han sido señalados por corrupción, uso ilegal de fondos y otras denuncias puedan ocupar cargos administrativos en la UPR.
“Son personas que toman decisiones constantemente sobre la gerencia de la Universidad, en este caso de los recintos”, argumentó, al tiempo que exigió una investigación por parte de la Oficina del Contralor.
“Entiendo que la Oficina del Contralor debe tomar acción al respecto”, manifestó la presidenta.
Querellas por acoso laboral contra la directora de Recursos Humanos
Cuatro empleados del RCM radicaron ayer querellas por acoso laboral en contra de la licenciada Raquel Núñez, directora interina de Recursos Humanos de dicha institución, quien acaba de recibir un aumento de $14,000. La información fue confirmada a Metro por la presidenta de la Heend, Jannell Marina Santana Andino.
Los cuatro querellantes son todos de la Oficina de Recursos Humanos del RCM, supervisados directamente por Núñez. Ante los alegados hechos, tres de ellos se reportaron ante el Fondo del Seguro del Estado (FSE), y la salud de la cuarta persona ha sido gravemente afectada, indicó la presidenta de la Heend.
Núñez ocupó también el cargo de directora de Recursos Humanos en el municipio de Ponce, bajo la administración de la actual alcaldesa, María “Mayita” Meléndez, pero supuestamente fue retirada del puesto “por acciones de un tipo de acoso laboral con los empleados”, sostuvo la líder sindical.
“Entre las cosas que hemos sido enérgicos es que estamos exigiendo que haya una acción afirmativa de parte del rector, máxime cuando esta persona tiene un precedente de que esto es uso y costumbre en su forma de supervisar”, apuntó Santana Andino.
Fuentes de Metro confirmaron que, precisamente ayer, el decano interino de Administración, Alejandro Argüelles, fue retirado de su cargo por, presuntamente, dar curso a la investigación de hostigamiento contra la directora de Recursos Humanos.
En su lugar fue nombrado el contable CPA, Marcos Torres Rivera, quien ocupaba el cargo de director interino de Finanzas con un salario de $86,400. Torres Rivera fue uno de los señalados por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) en marzo de 2011, e incluido en la lista de acciones de cobro a los oficiales ejecutivos y directores por daños civiles luego del colapso de R&G Financial Corporation(R&G Premier Bank).
