La Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico y del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) solicitaron cambios sobre el matrimonio en el proyecto de la Cámara 1654, que crea el nuevo “Código Civil de Puerto Rico”.
Alejandro Figueroa Quevedo, de Servicios Legales, solicitó en una audiencia pública de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes varias enmiendas al proyecto presentado para cambiar el Código Civil, entre ellos en la redacción de varios artículos, como el 45, de capitulaciones matrimoniales.
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Figueroa Quevedo declaró que el artículo no establece claramente qué derecho aplicará en el caso específico en el que no exista domicilio conyugal y las normas del domicilio de un cónyuge contraria a las normas del domicilio del otro cónyuge.
En cuanto al atículo 46, nulidad matrimonial y divorcio, estableció que “no está muy claro si el artículo propuesto tiene intención de atender tanto la nulidad del matrimonio, como también la nulidad del divorcio, o si se limita a atender la nulidad del matrimonio solamente y el divorcio, y sus efectos (pero no la nulidad del mismo)”.
Agregó que el artículo 47, validez de acuerdos matrimoniales o uniones civiles análogos al matrimonio, “solamente establece que la validez de los acuerdos matrimoniales o uniones civiles análogos al matrimonio tendrán la validez que le atribuye las leyes del Estado en el que se celebraron”, por lo que consideró que “deja un vacío al no establecer claramente cuál es la validez que se le da específicamente en Puerto Rico a los acuerdos matrimoniales o uniones civiles, y si se reconoce su validez en Puerto Rico o no”.
Otros de los cambios que solicitó la Corporación de Servicios Legales y que tuvo una extensa discusión durante el proceso de audiencias públicas ayer fue enmendar el artículo 48, de filiación, protección y alimentos, ya que el portavoz de la entidad entiende que incorpora lo establecido en el “Parental Kidnapping Protection Act” (PKPA) en torno a la jurisdicción de algún estado que haya tomado determinaciones en torno a la filiación, custodia y patria potestad, lo cual provee una garantía local clara y específica en torno a estos aspectos.
Sin embargo, opinó que el artículo lo delimita específicamente a los aspectos de filiación, custodia y patria potestad solamente.
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Figueroa Quevedo indicó que actualmente existe un gran volumen de casos en los tribunales de padres reclamando su patria potestad tras la emigración de muchos padres con sus hijos tras el paso del huracán María.
La Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico también solicitó enmiendas al artículo 42, sobre validez del matrimonio.
El representante de la institución, no obstante, indicó que el Código propuesto “elimina los vicios de discrimen por razón de género, orientación yo preferencia sexual que contiene el actual artículo 68 del Código Civil y atempera el mismo a la jurisprudencia federal (2016) que estableció como inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo”.
Mientras, el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE), representado por Osvaldo Burgos Pérez y lAmarilis Pagán Jiménez, se opusieron al proyecto presentado argumentando que no han tenido acceso al proceso y acusó al cuerpo legislativo de violentar la separación entre Iglesia y Estado al incurrir en prácticas que privilegian un sector religioso en particular.
“No solo estamos hablando de los ayunos que se han celebrado, sino de la contratación de líderes religiosos que han abogado públicamente en contra de los derechos humanos de las personas LGBTTIQ y de la separación de Iglesia y Estado que es parte de nuestro ordenamiento jurídico”, dijo Burgos Pérez.
Pagán añadió que su organización “rechaza la falta de transparencia del proceso y el que se pretenda disfrazar de democracia lo que en realidad es un procedimiento atropellado e irregular frente a la revisión de un cuerpo normativo tan importante como el Código Civil.”
Acusó, además, a representantes de “grupos de odio” de tener acceso a legisladores y a personal de la Rama Ejecutiva, así como amplio espacio en la judicatura del país.
“Estos mismos grupos han logrado posicionarse, a través de sus integrantes, como voces prominentes en simposios auspiciados por la Legislatura”, dijo.
