Cargos por robo de propiedad del gobierno, fraude y lavado de dinero fueron presentados contra el presidente de Creative Educational and Psychological Services, Coral Rivera Arroyo, y otros tres empleados de la empresa.
La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez declaró que la acusación formal alega que desde aproximadamente 2011 hasta 2014, los demandados Rivera Arroyo, Frankil González Pagán, Dennys Alfredo Soto y Myrnaliz Navarro Rodríguez se involucraron en una conspiración para estafar y facturar al Departamento de Educación por servicios que no se prestaron o no se pagaron según el contrato.
El plan incluía reportar falsamente a la agencia que Creative había proporcionado tutoría de Servicios Educativos Suplementarios (SES) para horas específicas a estudiantes cuando, de hecho, no todos los servicios facturados para la tutoría SES habían sido provistos.
La conspiración y el plan para defraudar incluyeron, pero no se limitaron a la fabricación de registros falsos de asistencia biométrica y de las firmas de estudiantes, padres y maestros en los registros.
La conspiración causó que Educación emitiera aproximadamente 32 cheques pagaderos a Creative por un total de 24,927,125 dólares en fondos del Título I en pago de facturas que contienen información y firmas falsificadas.
Si son hallados culpables, los acusados enfrentan una pena máxima de 20 años en prisión.