La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico ha determinado, luego de un análisis legal, demandar al gobierno central por el recorte unilateral de los recursos del Fondo de Equiparación.
El mecanismo, surgido en virtud de la Ley 80 de 1991, dispone una aportación fija de 2.5 % de las rentas internas netas del Estado para el funcionamiento y los servicios que los 78 municipios ofrecen a los ciudadanos.
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“Cuando un ciudadano resiente la disminución de servicios como asfaltado de carreteras, limpieza de caminos, ayuda a instituciones sin fines de lucro o actividades deportivas, es importante que sepan que el gobierno central ha estado consistentemente añadiendo obligaciones a los municipios y restándole fondos”, declaró el presidente Rolando Ortiz.
Agregó que “nuestro planteamiento ante los tribunales es que, por un lado se hacen recortes indiscriminados y, por otro lado, el país entero ve cómo se aumenta el presupuesto de la propia Oficina del gobernador”.
Según Ortiz, previo a la congelación de las aportaciones a los municipios por el gobierno central, la cantidad destinada era de 227.5 millones anuales en total.
En la actualidad es de 175 millones, lo que no cumple el estado de derecho vigente, afirmó.
“La Ley Promesa es un elemento vital en este tema, y nuestro reclamo es que hay unos servicios vitales que hay que ofrecer a los ciudadanos. En una situación como la que vivimos, donde estamos luchando por la recuperación del País, tenemos que dar la batalla por la gente”, añadió el alcalde de San Lorenzo y vicepresidente de la organización, José Román Abreu.
Los alcaldes de Puerto Rico han sido consistentes en denunciar las dificultades que están viviendo los municipios por la lentitud en el pago de los reembolsos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y de las aseguradoras privadas.
