El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó hoy el Proyecto de la Cámara 1041, que amplía el requisito de subasta para la adquisición de bienes y servicios gubernamentales, de forma que se fomente aún más la transparencia y la competencia.
En la actualidad es necesario utilizar el mecanismo de subasta pública cuando el monto de la compra exceda de 195 mil dólares. Conforme a las enmiendas introducidas mediante el Proyecto de la Cámara 1041 será necesaria la celebración de una subasta para la adquisición de bienes o servicios no profesionales cuyo costo sea estimado en más de 100 mil dólares.
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La medida -autoría del representante Joel Franqui Atiles- también dispone que no se aceptarán licitaciones con precios en exceso del precio de venta sugerido por el manufacturero (Manufacturer’s Suggested Retail Price o MSRP).
De igual forma, con la finalidad de mantener la pureza de los procedimientos, mediante reglamento se implantará la transmisión en directo vía Internet de toda vista de adjudicación de subasta pública que realice la Junta de Subastas.
“Ampliar el requisito de subasta y viabilizar la transmisión de dichos procesos mediante esta ley representa otro paso certero a favor del buen gobierno y el acceso a la información pública”, expresó el primer ejecutivo.
Mientras, el representante Franqui Atiles señaló que “la medida tiene el potencial de lograr ahorros millonarios al gobierno, pues cambiar la forma de comprar nos permitirá obtener los mejores precios”.
Rosselló Nevares resaltó que “nuestro gobierno está comprometido en trabajar con estricta transparencia y facilitar el acceso a toda la información pública”.
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Y puso como ejemplo el Código Anticorrupción, que integra todas las leyes especiales anticorrupción y “que además viabiliza que se le reclame a los funcionarios que le fallan al pueblo que restituyan tres veces la cantidad monetaria que sus acciones le costaron al erario. Además, excluye del beneficio de sentencia suspendida o probatoria a convictos de delitos contra los fondos públicos”.
También el gobernador apuntó que en febrero de 2017 se firmó un acuerdo histórico con las autoridades federales para trabajar casos de corrupción gubernamental, para ser más efectivos. De igual forma, con la Ley 27 de 2017 se enmendó el Código Penal para aumentar a 15 años la pena del delito de apropiación ilegal de fondos públicos luego de que la pasada administración lo redujera a ocho años.
