La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, y la directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, Mibari Rivera, informaron la radicación de 32 cargos criminales en contra de la corporación Axysnet, Inc. y 32 cargos criminales contra su presidente, Jorge A. Socca Calderaro, por apropiación ilegal agravada, fraude, falsedad ideológica y posesión y traspaso de documentos falsificados por actos cometidos contra la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y el Departamento de Hacienda.
La investigación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, junto con el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del Departamento de Seguridad Pública, comenzó con un referido de la OCPR, en el que se reveló que Axysnet, Inc. y su presidente y dueño facturaron y cobraron por horas en exceso a las que trabajaron en ambas agencias, en donde prestaba servicios de consultoría y venta de sistemas de información a través de contratos de servicios profesionales.
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La compañía firmó contrato de servicios profesionales con la OCPR y el Departamento de Hacienda en 2013 por un término de un año.
La pesquisa reveló que facturó y cobró por servicios que supuestamente prestó un programador, por lo cual se apropió de más de $70,000 bajo dicho esquema de fraude.
En la OCPR, firmó contrato en junio de 2013 con vigencia hasta julio de 2014 por servicios profesionales de prestación de servicios consultivos para dar continuidad a varias tareas que se estaban realizando en la División de Sistemas de Información. El mismo duraba un año con un pago de $80 la hora, hasta un máximo de 2,024 horas.
El contrato con el Departamento de Hacienda también se firmó de 2013 a 2014 tenía el fin de prestar servicios técnicos para el manejo y administración del impuesto a las corporaciones foráneas, emisión de créditos contributivos y otros. El pago era de $60 por hora para un máximo de 5,800 horas.
El juez Edgar S. Figueroa Vázquez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto por las violaciones a los artículos 182, 202, 212 y 217 del Código Penal en concierto y común acuerdo entre ambos imputados y fijó una fianza global de $16,000. La vista preliminar fue citada para el 8 de agosto.
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Socca Calderaro se expone a ocho años de cárcel por los cargos de apropiación ilegal agravada y fraude, y a tres años de reclusión en los cargos de falsedad ideológica y posesión y traspaso de documentos falsificados, además de una pena de restitución. La Corporación se expone a multas, suspensión de actividades, cancelación del certificado de incorporación, disolución de la entidad, suspensión o revocación de licencias y restitución.
La investigación fue conducida por la fiscal Mónica Rodríguez Madrigal de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, junto a la agente especial Edna Cruz, adscrita a la División de Integridad Pública del NIE.
“Facturar y cobrar por servicios no prestados en las agencias de gobierno es ilegal y constituye un delito grave de apropiación ilegal, que no tiene derecho a probatoria. La apropiación ilegal de fondos públicos pone en precario los recursos fiscales del Gobierno, máxime en una actuación como esta en las agencias de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda. Inaceptable por demás. Seguimos vigilantes hacia una sana administración de los fondos públicos en colaboración con el Departamento de Hacienda. Las investigaciones continuarán hacia un gobierno con cero tolerancia a la corrupción y el aprovechamiento ilícito de algunos entes privados”, indicó Vázquez Garced.
“En el Departamento de Hacienda estamos comprometidos en colaborar con el Departamento de Justicia para velar por la integridad y el cumplimiento de las leyes del Gobierno de Puerto Rico. Nuestros empleados y contratistas tienen el deber de ejercer sus funciones garantizando el buen uso de los recursos y fondos públicos. Continuaremos cooperando con las autoridades pertinentes en sus investigaciones”, señaló el Secretario de Hacienda, Raúl Maldonado.
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