La jueza Ada López Santiago, del tribunal de San Juan, pospuso hoy la vista preliminar contra José Rodríguez Rabelo (Marín), de 49 años, por la incineración de un cadáver sin la debida autorización e intervenir indebidamente con un funcionario del Negociado de Ciencias Forenses (NCF).
El cargo tiene una pena fija de tres años de cárcel. La vista preliminar se verá el próximo 16 de agosto en la sala 605 de ese tribunal.
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Los cargos fueron presentados el pasado 13 de julio en el Tribunal de San Juan por agentes de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales, bajo la supervisión del sargento Luis A. Marcial.
Rodríguez Rabelo fue imputado por violación al artículo 254 del Código Penal, en lo referente a intervención indebida en las operaciones gubernamentales.
Se indicó que para el 2 de mayo pasado, Rodríguez Rabelo se presentó al NCF en San Juan y le solicitó a un funcionario público que le ayudara a obtener una autorización de cremación para un cuerpo que había sido incinerado sin autorización.
Rodríguez Rabelo, quien es empresario fúnebre, está bajo una fianza de 5,000 mil dólares.
Aun con esas imputaciones, el acusado se presentó este pasado viernes a la vista ocular de sorpresa que llevó a cabo las comisiones de Salud y, de Seguridad en el NCF, donde fue recibido personalmente por el representante Juan Oscar Morales Rodríguez, quien conduce una investigación contra esa agencia porque los cadáveres hieden.
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Aunque los apellidos de ambos coinciden, el representante ha negado que sea familia de Marín o que haya recibido donativos políticos de este.
Sin embargo, en la vista ocular el representante lo vio en la calle, se le acercó, lo saludó y lo trajo al sector donde los legisladores aguardaban a comenzar la vista, según supo INS.
Inter News Service fue enterado de que el NCF mantiene una restricción al movimiento de Rodríguez Rabelo en los predios de la institución.
El representante también saludó y se fue de palmaditas en la espalda con el presidente del sindicato del NCF, Carlos Vélez, un técnico forense a quien se le abrió una querella de hostigamiento sexual en el trabajo, que nunca logró cerrarse.
Más recientemente la matrícula ha reclamado de Vélez que convoque a elecciones, que debieron celebrarse en 2017. Vélez tiene problemas de ausentismo en el trabajo tan graves que inclusive se le paga fuera de nómina, según fuentes de INS.
Mientras, Iraida Torres Flores, directora de la Comisión de Seguridad que preside el representante Félix Lassalle, fue empleada del NCF, pero no pasó el período probatorio de investigadora forense por sus continuas tardanzas.
Edgardo Vera, por otro lado, es otro investigador forense I que ya había sido desarmado, y quien supuestamente le abrió las puertas del NCF a los miembros de la Comisión de Salud y a la prensa sin autorización. Este es el sub-coordinador del PNP en la agencia.
Las relaciones entre estas personas fueron levantadas por algunos funcionarios que cuestionan el objetivo de la investigación cameral.
La vista ocular de los contenedores que albergan cadáveres no se efectuó debido a que el NCF no permitió que dichos vagones se abrieran a las cámaras de la prensa, que esa mañana acudió y entró al edificio junto a los representantes a la vista sorpresa.
Sin embargo, los legisladores abrieron los trabajos parcialmente cuando la prensa se marchó en la tarde. Entonces Morales Rodríguez y el representante José Pérez, únicos legisladores en ese momento, ordenaron a funcionarios del NCF que los llevaran a la Galería, desde donde se puede inspeccionar la sala de autopsias. Allí conversaron extensamente con el jefe de patología Carlos Chávez, según fuentes de INS.
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