En un intento de reducir el fraude a través del pago y cobro indebido de fondos federales de Medicaid, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó ayer el proyecto de la Cámara 1627 que establece la Ley de Reclamaciones Fraudulentas a los Programas, Contratos y Servicios del Gobierno de Puerto Rico y crea un mecanismo de recobro civil en aquellos casos donde se identifique que hubo reclamaciones falsas al Gobierno.
La ley —que proviene de la Ley federal de Reclamos Falsos— establece que las reclamaciones serán atendidas por la Unidad de Control de Fraude al Medicaid en el Departamento de Justicia, creada con esta ley.
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El establecimiento de esta oficina, así como el Sistema de Manejo de Información de Pacientes de Medicaid (MMIS, por sus siglas en inglés), son indispensables, según el gobernador, para la asignación de $1,200 millones en fondos federales para la isla (BBA Disaster Relief Funds). El primer ejecutivo dijo, además, que dicha ley y la unidad permitirán fiscalizar “decenas y, posiblemente, cientos de millones de dólares” que actualmente no se utilizan para el fin con el que fueron otorgados debido al fraude de compañías de seguros, proveedores y hasta individuos con reclamaciones falsas.
“La detección a tiempo de esta conducta será de ayuda para los beneficiarios de este programa, ya que asegura la disponibilidad y continuidad de estos fondos”, expresó el primer mandatario.
“La prioridad es que los pacientes tengan el servicio adecuado y que los proveedores reciban el pago justo”, añadió.
Según se informó en la conferencia de prensa, Puerto Rico era la única jurisdicción de los Estados Unidos que no contaba con una unidad para atender el fraude al programa de salud Medicaid. “La detección a tiempo de esta conducta será de ayuda para los beneficiarios de este programa, ya que asegura la disponibilidad y continuidad de estos fondos”, expresó el primer mandatario.
La unidad contará con un director, dos abogados con designación de fiscal especial, un auditor para análisis de facturas, un investigador senior, un recurso de médico y enfermeros que estudiarán si los servicios que se ofrecen van acorde con las facturas que se cobran.
Rosselló Nevares añadió que “con esta medida, cumplimos con los requisitos necesarios para poder ser recipientes de fondos federales adicionales, al comprometernos a fiscalizar y procesar a aquellas personas que utilizan incorrectamente el Medicaid.
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Cabe señalar que, en febrero de este año, el Congreso asignó $4,900 millones para los sobre 600,000 beneficiarios del programa Medicaid en Puerto Rico. Esta asignación permite que se financie totalmente el programa Mi Salud por los próximos dos años sin requerir fondos estatales.
“Estos programas han representado en los estados unas economías que rondan entre los $200 a $300 millones de dólares”, expresó el secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, al tiempo que dijo que en la isla el fraude con fondos de Medicaid se estima en un 33 %, mientras que en los estados de Estados Unidos la cifra ronda entre el 18 % y el 20 %.
Pagarán a los delatores
La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, explicó por su parte que la ley provee para que el estado pueda reclamar a través de acciones civiles todo el dinero que se pruebe que fue utilizado de forma fraudulenta. También dispone para que las personas que tengan conocimiento de que alguien está cometiendo fraude puedan delatarlo en el tribunal y recibir una parte del dinero que se logre recobrar. Además, indicó que cualquier violación a esta ley será clasificada como un delito grave.
“La persona que mienta al Medicaid para recibir un servicio se expone a la comisión de un delito grave. Todo aquel proveedor, compañía, que haga pagos indebidos con conocimiento se expone a delito grave, inclusive a la pérdida de su certificación como compañía de seguro”, sostuvo.
Asimismo, la jefa de los Fiscales, Olga Castellón Miranda, indicó que “el Gobierno de Puerto Rico no solo tendrá el mecanismo legal para procesar estos asuntos eficientemente, sino que, a la vez, podrá ejercer acciones de recobro de los fondos obtenidos por estas personas ilegalmente”.
De acuerdo con Castellón, el estatuto provee para que se recobre hasta tres veces la cuantía de dinero que una entidad, corporación o persona privada haya obtenido por medio de reclamaciones falsas. El Gobierno también podrá imponer multas de hasta mil dólares, y la persona que cometa fraude podría enfrentar hasta tres años de cárcel. Según se informó, Justicia estudiará las querellas que lleguen a través de Salud y los casos que identifique la propia unidad.
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