Busca facilitar compra de viviendas de boricuas que se mudaron tras María

La comisionada residente Jenniffer González Colón presentó el H. R. 6209 para que no se pueda discriminar contra una persona que quiera comprar su casa en Estados Unidos, si sus ingresos provienen de Puerto Rico o de cualquier otro territorio.

“El desconocimiento de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos, afecta las gestiones de puertorriqueños que buscan comprar o alquilar una residencia en los Estados Unidos continentales. Miles de puertorriqueños que llegaron a los Estados Unidos continentales, luego de María, enfrentan problemas para la aprobación de una hipoteca o alquiler por desconocimiento del mercado hipotecario en los estados sobre el sistema contributivo de Puerto Rico”, explicó la comisionada residente.

Subrayó que “esta es una medida que no le cuesta al fisco federal, pero le hace justicia a todos nuestros hermanos y hermanas que han tenido que partir de nuestra isla”.

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Desafíos en la protección del planeta

Se estima que miles de residentes de Puerto Rico, se mudaron a alguno de los 50 estados, como consecuencia del impacto de los huracanes Irma y María.

Los estados de Florida, Pennsylvania, Massachusetts, Texas, New Jersey, Virginia, Connecticut, New York, Illinois y Carolina de Norte fueron los destinos dominantes.

Muchos de los puertorriqueños intentan rehacer sus vidas en los estados, pero al presentar documentos, como la Planilla sobre Contribución de Ingresos de Puerto Rico, a instituciones bancarias, los rechazan.

Hay casos de personas que han sido rechazadas en varios bancos y terminan haciendo negocios con una empresa hipotecaria menor, que aumenta, significativamente, la tasa que pagan en intereses hipotecario.

“Los compradores o potenciales inquilinos enfrentan problemas al evidenciar que sus ingresos anteriores provienen del territorio. Esta medida busca eliminar ese discrimen y otra forma que pone en evidencia como la condición colonial del territorio aún nos persigue cuando salimos a buscar otros horizontes”, manifestó la comisionada residente.

Para González Colón, “este asunto no tiene ver con la capacidad de pago o problemas con el historial de crédito de la persona sino, más bien, del desconocimiento de que quienes realizan estas transacciones en el mercado hipotecario a nivel nacional de la relación territorial de Puerto Rico en el gobierno federal”.