Comisión de Derechos Civiles pide ser amigo de la corte en casos del Título III

La presidenta de la Comisión de Derechos Civiles –CDC-, Georgina Candal Segurola, informó que el organismo presentó ayer un recurso de ‘amicus curiae’ en el caso PROMESA que tiene ante sí la jueza Laura Taylor Swain.

Según explicó la otrora Jueza Superior, la Comisión solicitó al Tribunal que en el proceso de reestructuración de la deuda del Gobierno de Puerto Rico establezca una estructura con un enfoque en los derechos humanos. Además, la petición incluye enfoques reconocidos internacionalmente, en la Constitución y en las leyes de Puerto Rico.   

Además, Candal Segurola“El ‘amicus curiae’ se presentó en cumplimiento con la función de la Comisión de Derechos Civiles de defender los derechos humanos en Puerto Rico. La Comisión sustenta la presentación del ‘amicus curiae’ en el derecho a la participación en asuntos públicos y en los procesos decisionales, y en el derecho a la igual protección de las leyes, incluyendo el derecho a un remedio efectivo para proveer los derechos sociales, económicos y culturales de las personas”, señaló la Presidenta de la CDC.

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Recurso prematuro

Sin embargo, Candal Segurola indicó que ayer mismo el Tribunal emitió una orden disponiendo que el ‘amicus curiae’ era prematuro. La razón fue que todavía no se ha propuesto un plan de reestructuración de parte de la Junta de Supervisión Fiscal. Además, estableció que la solicitud podrá ser presentada nuevamente, lo que la Comisión de Derechos Civiles se propone hacer. 

De la misma forma, comentó que es deber de la entidad presentar el recurso. “En cumplimiento con nuestro deber ministerial, la Comisión seguirá promoviendo e insistiendo en todos los mecanismos apropiados, incluyendo comparecencias al Tribunal Federal en defensa de los derechos humanos”, adelantó en declaraciones escritas. 

Destacan gestión

Además, contó que en junio de 2016, la Comisión presentó una ponencia ante el Comité de los 24 de las Naciones Unidas, planteando el rechazo a la ley PROMESA y a las medidas de austeridad que impactan a los grupos más vulnerables. 

De igual forma, el 3 de marzo del 2017 la Comisión de Derechos Civiles presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí detalló el efecto sobre los derechos humanos de las exigencias de la Junta de Supervisión Fiscal de reducir los programas de salud, establecer un recorte de la aportación a la Universidad de Puerto Rico, requerir la imposición de impuestos por mil quinientos millones de dólares y la reducción de las pensiones de las personas jubiladas. Asimismo, el 24 de marzo del pasado año celebró la primera audiencia con organizaciones de base comunitaria para identificar el impacto de la legislación y el efecto de la crisis fiscal sobre las organizaciones y las personas.

“El 4 de abril celebramos la segunda reunión con las organizaciones y se llevó a cabo una Proclama en la cual se planteó al gobierno la necesidad de proteger los Derechos Humanos de las personas al llevar a cabo las medidas de austeridad”, añadió.

Buscan que se utilicen estándares de la ONU

Por último, la portavoz argumentó que el amicus curiae presentado fundamenta el requerimiento del cumplimiento con los derechos humanos, en tratados internacionales y documentos producidos por diversas entidades de la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, dijo que deberían cumplir con las guías que el experto del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los efectos de las deudas y otras obligaciones financieras  de los países, Juan Pablo Boholavsky.

“Boholovsky señala que no se deben minar los derechos económicos, sociales y culturales al establecer una prioridad absoluta a los derechos de los acreedores imponiendo una austeridad excesiva.  La Comisión reclama la protección de los derechos humanos de las personas en Puerto Rico asegurando los servicios esenciales que incluye el derecho a; la educación, el trabajo, la salud, la vivienda y a la seguridad social, incluyendo las pensiones de los jubilados. Los servicios esenciales que deben protegerse tienen que cumplir con los indicadores de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad que señala las Naciones Unidas”, concluyó Candal Segurola.

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