El Gobierno de Puerto Rico, a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) espera que la jueza federal Laura Taylor Swain determine quién tiene el poder sobre la política pública en la Isla, esto luego de que la Junta de Control Fiscal (JCF) certificara su propio presupuesto al no derogarse la Ley 80.
En el documento de 39 páginas, el Gobierno indica que la Ley Promesa fue establecida para “lograr la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capitales”. Asimismo, el Gobierno sostiene que el Congreso otorgó a la Junta poderes limitados en la Ley Promesa, por lo que solo puede hacer recomendaciones al Gobierno, más no dictar su política pública.
“Me siento confiado de que Promesa es bien clara en términos de la política pública, cómo y quién es quien la dicta”, dijo el gobernador Ricardo Rosselló a preguntas de la prensa durante un evento en Humacao.
Junta asegura que defenderá su presupuesto
Mientras, la Junta aseguró que defenderá su presupuesto en el Tribunal Federal.
“La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico aprobó y certificó un presupuesto para el Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2019 en cumplimiento con el Plan Fiscal certificado y de acuerdo con Promesa para poner a Puerto Rico en la ruta hacia la recuperación. La Junta de Supervisión defenderá enérgicamente contra cualquier demanda que intente frustrar la ejecución del Presupuesto y el Plan Fiscal”, aseguró el grupo en declaraciones escritas.
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Según la Junta el presupuesto es enmendable
El pasado fin de semana la Junta certificó su propio presupuesto para el año fiscal 2018-2019, ascendente a $8,757,524 millones para el Fondo General y $20,663,643 millones para el Presupuesto Consolidado del Gobierno.
Después del anuncio, la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, aseguró que el presupuesto era enmendable en caso de que se llegaran a acuerdos con el Gobierno o por determinaciones de la jueza Laura Taylor Swain, que ve en el Tribunal federal el Título III de la Isla.
Decisión previa podría afectar la demanda
El abogado experto en quiebras John Mudd indicó en su cuenta de Twitter que “para la Juez darle la razón sobre su moción al ELA, tiene que revisar el Plan Fiscal, el cual ya ha dicho carece de jurisdicción hasta el plan de ajuste”.
En su análisis sobre la demanda, el abogado agregó que en caso de que Swain “sí le da la razón a PR, la Junta carecería de poder y no me extrañaría que desestime el Título III y diga que no puede hacer su trabajo”.