La Fiscalía Federal acusó ayer a un alcalde del Partido Popular Democrático y a dos allegados del Partido Nuevo Progresista por actos de corrupción en los municipios de Sabana Grande y Toa Baja, respectivamente.
De acuerdo a la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, Miguel “Papín” Ortiz Vélez, ejecutivo sabaneño, conspiró para obtener de manera fraudulenta dinero del Departamento de Educación Federal y local. Dos compañías se beneficiaron de esta transacción, así como el primer ejecutivo, quien recibió $22,000 en efectivo por la conspiración.
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Mientras, Ángel Roberto Santos García y Víctor Cruz Quintero fueron acusados de usar ilegalmente dinero federal para pagar la nómina del municipio de Toa Baja, cuando fungieron como directores de finanzas del ayuntamiento.
Santos García fue contratista el pasado año fiscal en la oficina del gobernador Ricardo Rosselló por acuerdos que suman más de $90,000 al año y trabajó en su campaña electoral. Cruz Quintero tenía contratos con la Cámara de Representantes por $6,000 de acuerdo a la Oficina de la Contralora.
