La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció hoy que recertificar los planes fiscales para el gobierno y ciertas instrumentalidades como resultado del hecho de que la legislatura no aprobara la reforma laboral, en parte derogando la Ley 80 de despidos injustificados.
“La derogación de la Ley 80 era un requisito del plan fiscal enmendado certificado unánimemente por la Junta el 30 de mayo, y que contenía un acomodo acordado con el gobierno de Puerto Rico”, señala la Junta en un comunicado.
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Informa que a raíz del rechazo, envió “cartas al gobernador (Ricardo) Rosselló Nevares, al presidente del Senado, (Thomas) Rivera Schatz, y al presidente de la Cámara, (Carlos) Méndez Núñez”, en las que la Junta declaró que se realizarán cambios al plan fiscal del gobierno.
“El nuevo plan fiscal incluye un plan de reformas estructurales y medidas fiscales que, de implementarse, brindarían a los puertorriqueños lo que necesitan y se merecen: una economía en crecimiento con más y mejores empleos, una infraestructura resistente y un sector público efectivo y eficiente”, dijo José Carrión, presidente de la Junta de Control.
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Agregó que “aunque las reformas estructurales siguen siendo esenciales para frenar la pérdida de empleos y negocios en la isla y superar la crisis financiera a largo plazo de Puerto Rico, sin una reforma laboral abarcadora el camino se hace más difícil”.
El comunicado añade que “la Junta tiene la intención de recertificar hoy un plan fiscal que refleje el impacto de la inacción de la legislatura sobre la reforma laboral. Como se detalla en la carta, el nuevo plan fiscal revertirá algunas de las medidas originales contenidas en el plan del 19 de abril, incluyendo los recortes para adecuar el tamaño del gobierno que hará al sector público más eficiente y menos costoso”.
Agrega que “el plan fiscal mantendrá todas las otras reformas estructurales críticas que son necesarias para mejorar el ambiente de negocios en la isla, atraer nueva inversión y estimular la creación de empleos”.
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Señala que incluyen “reformar el sector energético para proporcionar electricidad confiable y a un costo razonable a residentes y negocios, una reforma laboral limitada a la implementación de un Crédito Contributivo por Ingreso Devengado (EITC, siglas en inglés) y programas de beneficencia por trabajo (welfare to work), así como reformas medibles para facilitar los negocios, entre otras iniciativas fiscales importantes.
Además de las enmiendas al plan fiscal del gobierno, la Junta también hará cambios técnicos al plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR), así como al plan fiscal de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), alineados con los ajustes al plan del gobierno.
La carta concluyó que la Junta de Control revisará el presupuesto para el gobierno que deberá presentar la legislatura antes del final de este año fiscal.
“Si la Junta determina que el presupuesto no cumple con el nuevo plan fiscal, la Junta certificará un presupuesto para el gobierno de Puerto Rico, la UPR, la ACT, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico antes del 1 de julio”, advierte.
