Aunque en agosto comenzará un alza en la matrícula subgraduada y graduada de la Universidad de Puerto Rico, aprobada por su Junta de Gobierno, e impulsada por la Junta de Control Fiscal, para lidiar con la crisis fiscal y el recorte de presupuesto, se desconoce sobre los acuerdos que se supone que el Gobierno impulsaría para allegar fondos a la institución.
El 15 de febrero de 2017, el gobernador Ricardo Rosselló firmó la orden ejecutiva 021 con el propósito de que las agencias de la Rama Ejecutiva establezcan acuerdos con la Universidad para el adiestramiento de empleados públicos y la prestación de otros servicios.
El 27 de abril de este año, Metro solicitó información a la UPR y a la Fortaleza sobre los frutos de esta orden ejecutiva, pero aún los datos no se han provisto. Cabe señalar que, además de los textos y llamadas que hemos hecho durante estos meses, nos comunicamos dos veces esta semana con ambas dependencias para auscultar la información que aún esperamos, aunque se nos indicó que la petición se estaba tramitando.
