La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión adversa sobre las operaciones fiscales del Municipio de Toa Baja relacionadas con las compras, los desembolsos y la propiedad.
El Informe revela un esquema ideado por el proveedor A para adjudicarse trabajos del Municipio.
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Estos hallazgos fueron referidos al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) el 6 de agosto de 2015. El 19 de abril de 2018, el proveedor A y el exdirector de la Oficina de Facilidades Municipales de Toa Baja, fueron acusados en el Tribunal Federal.
Al respecto, la auditoría detalla que de enero de 2011 a abril de 2014, el Municipio emitió 52 comprobantes de desembolso por $307,882 que se adjudicaron al proveedor A para el mantenimiento del sistema de alarma, basados en 89 cotizaciones falsas, fraudulentas o alteradas.
Como parte del esquema de fraude, nueve proveedores a cuyos nombres se presentaron las cotizaciones expresaron, entre otras cosas, que no prepararon ni firmaron las cotizaciones aludidas, que no autorizaron a persona alguna a remitir las mismas a nombre de su negocio y que ningún empleado de Toa Baja les había solicitado presentar cotizaciones.
De mayo de 2011 a mayo de 2013, el Municipio emitió 20 comprobantes de desembolso por $169,668 al proveedor B para la compra de aires acondicionados, sillas, rolling doors y remodelación de baños entre otros, basados en 28 cotizaciones falsas o alteradas.
Los 20 cheques girados a nombre del proveedor B tenían un segundo endoso del proveedor A; uno de los cheques lo utilizó el proveedor A para pagar el pronto de un auto y los restantes cheques fueron depositados en la cuenta bancaria del proveedor A.
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De mayo de 2012 a febrero de 2013, el Municipio emitió tres comprobantes de desembolso por $12,570 al proveedor C para reparaciones eléctricas y de una bomba sanitaria, también basado en cotizaciones falsas. Los tres cheques a nombre del proveedor C tenían un segundo endoso del proveedor A y fueron depositados en su cuenta (ver diagrama del esquema en la página 11 del Informe).
La auditoría de tres hallazgos, que detallan un posible esquema de fraude, señala que al proveedor A se le pagó de forma indebida $191,925 por trabajos no realizados. Por ejemplo, se facturaron servicios de mantenimiento al Cuartel del barrio Candelaria Arenas que estaba cerrado, también al Anfiteatro Julita Ross que había sido vendido previo a la firma del contrato y a la Escuela de Bellas Artes que nunca ha estado en uso ni tenía servicios de electricidad.
Los directores interinos de la Oficina de Facilidades Municipales declararon que no verificaban si los servicios habían sido brindados cuando certificaban las facturas como correctas.
Los auditores identificaron computadoras en el Municipio con cientos de archivos con fotos y documentos político-partidistas, de índole personal, y en la computadora de un usuario se detectaron accesos a páginas en Internet de contenido sexual. Estas situaciones son contrarias a la Constitución de Puerto Rico y al Reglamento para la Administración Municipal.
El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
