El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos, junto a los representantes Ramón Luis Cruz Burgos, Luis Vega Ramos y Conny Varela, condenó hoy la aprobación por la Cámara de Representantes del proyecto de ley que deroga la Ley 80.
“La actuación de la Cámara de Representantes al aprobar el proyecto a espalda del país y encontra de la clase trabajadora, fue nefasta, atropellada y cobarde”, mencionó Ferrer Ríos.
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Asimismo, el presidente del PPD señaló que con esta acción el gobernador Ricardo Rosselló “no solo le quita derechos a los trabajadores, sino que ahora le impone a los contribuyentes la carga económica de los despidos injustificados de los patronos”.
“Esto no es solo es ilegal e inconstitucional, también es inmoral”, opinó.
De igual forma, el portavoz alterno en la Cámara, Cruz Burgos, precisó que el gobierno de Rosselló Nevares “le falta el respeto al pueblo puertorriqueño al ni siquiera darle cara al país en el proceso legislativo y por lo menos tratar de explicar o justificar el desembolso de cien millones de dólares del fondo general para cubrir unas mesadas que hoy día paga el sector privado”.
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“Precisamente, ayer Héctor Pesquera anunció que no hay dinero para 1,300 policías y se discutía la falta de fondos para los CDT, pero mágicamente aparecen 25 millones del nuevo presupuesto para costear despidos injustificados. Ponen sobre los hombros de los puertorriqueños la paga por mesada en casos de despidos injustificados que realicen los patronos privados. Esto es incentivar y propiciar el despido de empleados en el sector privado”, dijo Cruz Burgos.
En tanto, Vega Ramos señaló que “anoche la Cámara decidió estar con la Junta y Rosselló en contra de la gente. En toda mi vida como legislador, nunca había visto que se legislara un incentivo pago con fondos públicos para promover despidos en el sector privado. Es inaudito y la única salida aceptable sigue siendo derrotar esta legislación”.
Agregó que “la Cámara Representantes le dio la espalda al pueblo al aprobar la derogación de la Ley 80 sin tener los estudios ni análisis que sustenten que traerá algún beneficio al país, o traiga desarrollo económico para la Isla”.
