La Contraloría de Puerto Rico refirió a Justicia dos contratos del municipio de Arecibo con una compañía de servicios de mantenimiento preventivo de ocho camiones de basura que “pudieron haber configurado los delitos de fraude, falsificación de documentos e intervención indebida en las operaciones gubernamentales tipificadas en el Código Penal”.
La contralora emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales relacionadas con la contratación de servicios de mecánica y algunas compras y desembolsos del municipio. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
La evidencia testifical indica que para obtener el primer contrato, el propietario de la compañía A presentó propuestas falsas a nombre de la compañía B y la compañía C. El contrato se formalizó con la compañía A, que a julio de 2015 había cobrado 406,788 dólares. Esta situación se remitió el 14 de marzo a la secretaria de Justicia para la acción correspondiente.
El gerente de Transportación y Equipo del municipio declaró bajo juramento a los auditores que no pudo identificar los camiones que recibieron los servicios de mantenimiento, aunque él había certificado los trabajos realizados, según las facturas.
Además, los empleados de mantenimiento de la flota seguían ofreciendo parte de los servicios a pesar de la contratación de una compañía privada.
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La auditoría de tres hallazgos señala que hubo colusión de proveedores en la contratación de servicios de sonido para celebrar el Campamento Mundial de la Juventud en Arecibo. El proceso para obtener las cotizaciones fue irregular, ya que una de las cotizaciones resultó ser falsa y los precios no fueron fijados de forma independiente como requiere la reglamentación.
Los dueños de las tres compañías que licitaron se conocen entre sí, y éstas fueron subcontratadas por el dueño de la compañía que obtuvo la adjudicación del servicio de sonido. Esta situación se había remitido el 27 de febrero de 2017 a la secretaria de Justicia para la acción correspondiente.
El municipio de Arecibo formalizó un contrato por 76,800 dólares para el mantenimiento de vehículos pesados el 3 de julio de 2015. Contrario a la ley, en enero de 2016, desembolsó 38,400 dólares a este contratista, a pesar de que el municipio no había remitido copia del contrato a la Oficina del Contralor.