El Senado de Puerto Rico aprobó hoy, con 21 votos a favor y nueve en contra y por descargue, la derogación de la Ley 80 de forma prospectiva. Esto quiere decir que la legislación que protege a los empleados públicos y privados de un despido injustificado dejará de aplicar a quienes comiencen en un empleo nuevo.
Tal parece que la propuesta es impulsada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien a pesar de posicionarse en contra del estatuto promulgado por la Junta de Control Fiscal (JCF), esta mañana dijo en la emisora NotiUno que podría pasar el proyecto con los cambios.
Los portavoces de prensa de la JCF ya han hecho público su desacuerdo con la acción de la cámara alta de aprobar una pieza prospectiva. “Es inconsistente con el entendido al que se llegó con el Gobierno”, indicaron.
De otra parte, los senadores incluyeron una disposición en el proyecto aprobado para que entre en vigor inmediatamente, mientras la JCF había propuesto junto al gobernador Ricardo Rosselló que comenzará en enero del 2019.
Quien presentó la medida para eliminar la Ley 80 del 1976 fue la administración de turno, luego de transarlo que el ente federal a cambio de que se mantengan inalteradas las licencias por enfermadad y vacaciones, así como el bono de Navidad.
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En principio, cuando Rosselló anunció el acuerdo, Rivera Schatz se opuso tenazmente, argumentando que no hay pruebas de que la derogación de la Ley 80 mejorará la economía.
Las negociaciones entre el Gobierno y la JCF que dieron paso a la derogación de la ley que protege a los trabajadores, establecen también que la eliminación del bono de Navidad para empleados públicos se dejará sin efecto durante los años fiscales 2019 al 2023, periodo de duración de todo el plan fiscal.
Además, se establece el Fondo de Desarrollo Económico Municipal de $50 millones durante los años fiscales 2019 al 2023.
La Universidad de Puerto Rico tendría hasta $65 millones adicionales para becas. Al mismo tiempo, las conversaciones con la JCF garantizan el paso del nuevo modelo contributivo.
Igualmente, el Gobierno podrá invertir hasta un total de $345 millones para los años fiscales 2019 al 2023 en la implementación de reformas e iniciativas de desarrollo económico.
Asimismo, se detienen las reducciones de fondos a entidades como la Asamblea Legislativa, la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington (Prfaa, siglas en inglés) y la Oficina de la Comisionada Residente.
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